Euskadi aprueba endurecer el acceso a las ayudas sociales

El Parlamento vasco ha aprobado esta mañana la reforma de la ley que permitirá al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide gestionar las dos ayudas sociales más importantes, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda. La modificación, acordada por PSE y PP, los únicos grupos que la han apoyado en la Cámara, ha registrado la abstención del PNV y UPyD y el voto en contra del resto de partidos, en un debate en el que se ha criticado el endurecimiento de los requisitos de acceso que se ha añadido en la tramitación parlamentaria de la ley.

A partir del 2 de enero de 2012, exactamente un año después de que echara a andar el Servicio Vasco de Empleo, los perceptores y los solicitantes de ayudas deberán acudir a Lanbide en vez de a los ayuntamientos como hasta ahora, donde tramitarán las prestaciones, recibirán formación y trabajarán para encontrar trabajo. Euskadi se convertirá, de este modo, en la primera comunidad autónoma que realiza este vínculo entre empleo y gestión de ayudas. A lo largo de más de un año, ocho municipios han probado el nuevo modelo, lo que ha permitido firmar entre los perceptores de ayudas 650 contratos, en su mayoría temporales, y formar a más de 1.000 personas en esta situación. El resto de los que podrían ser empleables -los jubilados que reciben la RGI están exentos—, el 48% de los perceptores de esas localidades, no ha logrado un empleo ni ha sido formado aún.

Este cambio a favor de la activación de los perceptores de ayudas para evitar que se conviertan en personas que reciben de forma crónica las prestaciones, sin embargo, ha tenido modificaciones durante su recorrido parlamentario que se han convertido en los elementos más ampliamente contestados por sindicatos, asociaciones y partidos políticos. Euskadi, la comunidad que encabeza España en materia de protección social, pasará de exigir un año de empadronamiento para solicitar las ayudas a dos alternativas: un año de empadronamiento y cinco de cotización en la Seguridad Social en cualquier lugar del Estado; o tres años de empadronamiento.

Lo resumía la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro: la reforma "entró [en el Parlamento] para llevar las ayudas a Lanbide y sale con un endurecimiento de los requisitos". A pesar del endurecimiento -en diciembre se aprobará un nuevo recorte, el del 7% de las cuantías mensuales de las ayudas, al menos durante todo 2012-, Euskadi seguirá siendo la comunidad autónoma con mayores niveles de protección social.

La portavoz socialista en materia de Asuntos Sociales, Teresa Laespada, ha reconocido que "la solución es arbitraria", refiriéndose a los nuevos requisitos de entrada establecidos. Este cambio supone dificultar el acceso a los inmigrantes y también a otros colectivos más minoritarios, como los estudiantes universitarios que hasta ahora podían llegar a Euskadi y solicitar ayudas sociales. "Nos cuesta entender que un Gobierno socialista racanee en ayudas sociales", ha criticado Mikel Arana, de EB. Asimismo ha pedido que "el derecho subjetivo no sea un derecho de tan difícil acceso que deje de ser un derecho".

Frente al Parlamento, medio centenar de personas se ha concentrado con pancartas como "PP, PSOE, PNV ladrones de derechos sociales" y "Parados en lucha".

Aunque el Gobierno vasco no ha hecho públicas las estimaciones de personas que quedarán fuera del sistema de ayudas cada año -el endurecimiento no tendrá efectos retroactivos-, aunque algunos partidos, como EA, ya han hecho sus estimaciones: 2.700 personas en Bizkaia, 200 en Álava y 600 en Gipuzkoa. Su parlamentario, Juanjo Agirrezabala, ha censurado la reforma porque "hay riesgo de hacer quebrar el sistema de protección social".

Lanbide ejercerá un férreo control sobre los perceptores y sobre el cumplimiento de los requisitos para seguir recibiendo ayudas con el fin de evitar que haya "profesionales del fraude", según ha calificado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. La popular Laura Garrido ha valorado este aspecto, exigido en reiteradas ocasiones por su partido, pero ha reconocido que "el fraude no es generalizado".

Además, con la reforma se quitará la ayuda a quien rechace un empleo adecuado que se le ofrezca desde el Servicio vasco de Empleo y obligará a realizar tareas sociales, como ayudar a retirar nieve de las carreteras en épocas de temporal. "¿No es justo impedir subsidio o empleo?", ha interrogado Zabaleta hoy.

El PNV, que se ha abstenido en la votación aunque no se ha pronunciado claramente en contra del endurecimiento de los requisitos, ha solicitado que se apruebe una moratoria para llevar las ayudas a Lanbide, argumentando que incluir las ayudas en enero en sus oficinas supondrá "llevar al caos y a la saturación del servicio".