Girona

El objetivo de la seguridad jurídica es garantizar la certeza de las leyes, y que se apliquen sin arbitrariedad, de manera que sea previsible y en un tiempo razonable. Desde hace más de dos mil años las leyes han sido definidas por teólogos, filósofos, políticos y juristas con todo lujo de matices y abstracciones. Sin embargo, rara vez su aplicación ha sido contraria a los intereses de quien ostentaba el poder efectivo. "Teniendo el mando y el palo haré lo que quisiere", dijo Sancho al empezar su gobierno en la ínsula Barataria. Ley es lo que manda el rey, decía el viejo refrán castellano, refiriéndose al soberano de la histórica monarquía absoluta.

Hoy, en nuestra monarquía parlamentaria, el soberano teórico es el pueblo, pero el verdadero poder reside en quienes disponen de capacidad económica y consecuentemente política y social para asegurar que las decisiones les sean favorables.

Sobre seguridad jurídica se celebró en Girona un ambicioso congreso internacional, hace ahora poco más de un año. En un entorno de élites multinacionales jurídicas y empresariales, el entonces príncipe Felipe pronunció su discurso inaugural. Señaló las dos dimensiones de la seguridad jurídica. Según él, la seguridad jurídica garantiza la efectividad del Estado de derecho a los ciudadanos y los trabajadores, y simultáneamente otorga la confianza a los inversores internacionales. Un idílico dibujo de convivencia entre el ser humano, trabajador y ciudadano, y las finanzas sin fronteras, lejos de crispadas contradicciones sociales trasnochadas.

No requirieron una atención prioritaria la corrupción nacional e internacional, la evasión de capitales, los paraísos fiscales que las acogen y potencian, o la sumisión de los poderes públicos a los grandes poderes fácticos suprainstitucionales. Todo eso, al parecer, son insuficiencias colaterales inevitables para los representantes de las grandes corporaciones trasnacionales, o los ilustres juristas convocados. Son, implícitamente, parte ya prevista del sistema.

Tampoco hubo tratamiento específico y principal sobre la efectiva seguridad jurídica de los ciudadanos y los trabajadores, más allá de la breve referencia inaugural. En plena crisis, no mereció una proporcional atención la seguridad jurídica de los trabajadores frente a los planes de minimización arbitraria del salario mínimo y correlativa maximización arbitraria del despido. No merecieron tampoco especial atención la precariedad laboral, el empobrecimiento progresivo, el desarme colectivo y sindical, y la indefensión.

Era posible entonces, y es exigible hoy, otro planteamiento sobre lo que debería ser la seguridad jurídica, en una sociedad global con contradicciones globalizadas. Evidentemente el discurso inaugural del entonces príncipe nació mutilado en su parte humana, cívica y social, aunque no en la financiera, multinacional.

El entonces príncipe, ahora ya es rey. Como tal ha vuelto a Girona. Esta vez ya no arropado por un entorno de élites multinacionales financieras y jurídicas. El consistorio, quizás movido por impulsos identitarios más que republicanos, tampoco le arropa. Al menos eso cabe deducir de su toma de posición en relación con el título de Príncipe de Girona. Y el alcalde ha dicho que no hay voluntad mayoritaria de ratificar la moción de 1981 que propuso por unanimidad la concesión del título de Príncipe de Girona a Felipe de Borbón, hijo del Rey. Al parecer, se consideran titulares del uso del nombre de su ciudad.

El consistorio gerundense parece olvidar que, según el artículo 62 de la Constitución, la concesión de títulos nobiliarios es una facultad del Rey, de carácter graciable, personal y vitalicio, según desarrolla un Real Decreto de 1987. El título de Príncipe de Girona es de origen medieval, del reino de Aragón. Fue usado por los Reyes Católicos, y por los Austrias. Fue precisamente Felipe V, el que asedió y bombardeó Girona en 1711, quien lo anuló como ahora quiere hacer el Ayuntamiento. Juan de Borbón lo recuperó para su hijo Juan Carlos, y este lo concedió a su hijo Felipe. Los munícipes tan solo pueden mostrar ante Felipe VI su disconformidad en relación con la concesión del título a su hija Leonor. Sería un inútil gesto inamistoso.

No sería bueno que una cuestión tan irrelevante y trasnochada incomodara o distrajera la atención de los graves problemas sociales y políticos que nos aquejan y que se esperaba que el Rey abordara en su nueva visita a Girona.

Hay una razonable expectación ante su inevitable posición sobre la reivindicación del derecho a decidir, sociológicamente incontenible y de proporciones numéricas estadísticamente relevantes. Y sería síntoma de tendencia innovadora un dibujo menos idílico y más equilibrado que hace un año en relación con la inseguridad jurídica que implica la inmoral e inhumana codicia financiera, y la injusticia que padecen las víctimas de la creciente inseguridad social.

José María Mena es ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.