La Audiencia avisa a Alaya de que puede haber conculcado el derecho de defensa

La Audiencia de Sevilla ha advertido a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, de que puede haber conculcado el derecho de defensa de varios imputados al negarles acceso a unas declaraciones clave incluidas en la causa. Los jueces exigen a Alaya en un auto que incorpore al sumario “de forma inmediata” 13 declaraciones de ex altos cargos de la agencia pública Idea y funcionarios de la Junta que posee la Guardia Civil. “No solo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes al no estar declaradas secretas las actuaciones, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados”, reza el auto.

El contenido de esas declaraciones prestadas en sede judicial pudieran ser “de sumo interés para las defensas de los imputados” ya que tras conocer su contenido podrían solicitar nuevas diligencias “para contrarrestar los posibles indicios (...) que pudieran pesar sobre los ya imputados”, se lee.

El tribunal cree que se incumple el principio de publicidad

Los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia muestran además su extrañeza por lo que consideran “la contradicción en la que ha incurrido” la juez puesto que en un auto de noviembre de 2013 ordenaba que se remitiese a la Guardia Civil las declaraciones que tuviera, mientras que en este auto recurrido de febrero de 2014 justifica la remisión de dos de las 15 declaraciones realizadas “bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la Guardia Civil está confeccionando desde 2012”.

El tribunal ha estimado en este auto un recurso presentado por las defensas de los ex directores generales de Presupuesto imputados en el caso Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, que se negaron a declarar el pasado mayo después de haber sido imputados en dos ocasiones por cuestionar la competencia de Alaya, que les achaca un papel destacado en el diseño presupuestario de los ERE con un procedimiento que la magistrada considera ilegal. A este recurso se sumaron también los ex altos cargos Pablo Millán y Juan Vela.

Uno de los abogados que han presentado el texto, José María Mohedano, consideró este viernes que este auto cambia transversalmente toda la instrucción. “Le dije a la juez hace 15 días que estaba ocultando información y este auto responde a mi consideración. En esta instrucción está habiendo dos juicios paralelos, el de la juez y el de la Guardia Civil y en numerosas ocasiones no todos tenemos la misma información que maneja ella”, reclama el abogado. “La instrucción puede caer en vicio de nulidad porque se está instruyendo de esta manera desde el principio hasta el final”, considera Mohedado.

El tribunal recuerda en el texto cómo debe proceder la Policía Judicial en las actuaciones. “En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del ministerio fiscal” y “en ningún caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de la Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la Autoridad Judicial o al ministerio fiscal de las diligencias que hubieren practicado”, se lee en el texto.