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El juez cita a 14 testigos y otros dos imputados en la causa de CAM

Gómez Bermúdez imputa al exdirector financiero de la CAM y el exdirector de Financiaciones

El juez Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar entre los próximos 30 de junio y 10 de julio a 14 testigos, entre ellos el presidente de Liberbank, y a otros dos exdirectivos de la CAM como imputados en el marco de la causa en la que investiga la gestión de la excúpula de la caja alicantina.

En dos providencias, el magistrado convoca a Manuel Menéndez, expresidente de Cajastur y exdirector general de Banco Base, para el día 30, así como a su mano derecha, Jesús Ruano; el ex director general de Caja Extremadura Miguel Angel Barra y el director de la compañía de seguros del Grupo Mediterráneo Vida S.A, Juan Jesús Gómez.

Las siguientes comparecencias tendrán lugar el 2 de julio, las del exdirector financiero de la CAM Francisco Martínez y del exdirector de Financiaciones Propias y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, a los que cita como imputados, y al inspector del Banco de España José María Ruiz, en su caso como testigo.

Para el 8, el juez ha acordado las testificales del exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, y el encargado de la contabilización de riesgos y gestión de la morosidad de CAM Antonio Gisbert y la del exresponsable de administración de riesgos de la caja Manuel Lerma.

Un día después, deberán acudir a la Audiencia Nacional el administrador del FROB Benicio Herranz; y los exdirectores de gestión de Recursos Humanos de la entidad Eduardo Severá y Bernardo Chuliá.

Por último, el día 10 están citados el coordinador en el SIP-CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria José Luis Martín y los auditores de KPMG Julio Alvaro -que firmó las cuentas de la CAM entre 2002 y 2008- y Javier Muñoz -que se ha encargó de ellas en 2009, 2010 y 2011-.

Gómez Bermúdez ha acordado estas declaraciones a instancias del exdirector de Recursos y Planificación Teófilo Sogorb, imputado en la pieza principal sobre la CAM junto al expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad y Vicente Soriano.

Según el escrito remitido al juez, en la denuncia inicial que dio origen al procedimiento se sostiene que se produjo falsedad en la presentación y formulación de resultados de la CAM en 2010, pero Sogorb no formaba parte del Consejo y, por lo tanto, no formuló las cuentas.

Precisa que aunque fuera director del área de planificación y control, ello "no significa que fuera el departamento encargado de controlar la veracidad de los datos económicos que elaboraban otras áreas de la caja". De él no dependía, por tanto, ni la auditoría ni la contabilización de riesgos y dotaciones, sino que era labor de la Dirección General encabezada por Francisco Martínez.

Además, sostiene que la formulación de las cuentas "debe situarse en el contexto de la SIP y Banco Base y fue controlada por el Comité de Integración". Por otra parte, explica que la pericial de PwC y las acusaciones atribuyen a Sogorb "de forma manifiestamente errónea, la responsabilidad sobre la titulización de activos y la reclasificación de créditos" de la entidad.

Según esta pericial, algunas operaciones contables ordenadas por los antiguos gestores de la CAM sirvieron para inflar las cuentas de 2010 y principios de 2011, entre las que destacaba la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados (que engordaron en 168,6 millones la cuenta de resultados) y el reparto de dividendos de las sociedades filiales, por un importe de 163,2 millones.

El imputado asegura, por el contrario, que un informe del supervisor ponía de manifiesto que la responsabilidad de ellas era de Sabater, dependiente de la dirección del Area de Inversiones y Riesgos. Además, Sogorb subraya que no percibió importe por prejubilación como otros miembros del Comité de Dirección antes de la intervención de la caja, sino solo la indemnización por despido improcedente convenido con el FROB, mientras que los peritos de PwC mantenían que los imputados habían engrosado indebidamente sus pensiones complementarias.

El juez les imputa un delito societario, estafa y manipulación del precio de las cosas por causar un perjuicio patrimonial a la CAM y llevarla a "un debilitamiento extremo" por su gestión.

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