Churiaque exhibe cómo se eliminó la crítica a los gobiernos de PNV y PSE

A escasa semana y media de que el presidente de la comisión de investigación sobre la gestión pública en torno a Epsilon, Carmelo Barrio, entregue al resto de parlamentarios su informe para que los demás realicen sus propuestas, el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, tomó ayer la iniciativa de enviar al Legislativo el borrador que no se aprobó en su institución sobre las ayudas a Epsilon. Es la primera vez que un borrador del tribunal, junto con cientos de folios que lo soportan, llega al Parlamento.

La petición había sido cursada por el propio Parlamento después de escuchar a Martínez Churiaque decir en la comisión de investigación que se había retirado una parte importante del informe inicial en el que finalmente se aprobó. El presidente emitió un voto particular mucho más crítico con la administración para dejar clara su postura y fue esta la que predominantemente explicó en el foro parlamentario, lo que llevó a los consejeros designados por PNV y PSE a intentar reprobar su actuación y, al no permitírseles hacerlo en un pleno extraordinario, a ausentarse del pleno del pasado martes. En la misiva remitida al Parlamento, Martínez Churiaque explica que debido a ese plante no se pudo tratar en el pleno la solicitud de la Cámara, pero que toma la iniciativa para que los trabajos parlamentarios “puedan acometerse cuanto antes con el máximo rigor y la mayor premura”, según el escrito.

Un repaso del informe final y del borrador muestra cómo todas las referencias del original a conclusiones sobre la operación que más dudas ha generado —la cesión de rango hipotecario y el compromiso de acudir a la subasta por entre 14 y 22 millones si Epsilon fracasaba por parte del parque de Miñano como vía para que las cajas concedieran a la compañía un préstamo de 16 millones de euros— han sido suprimidas. Esto ha generado una intensa polémica. El presidente considera que es preciso revisar la operación y emitir un criterio del órgano fiscalizador. Y los consejeros críticos con su postura ensalzan que el tribunal no se puede volver a pronunciar en torno a una operación ya analizada anteriormente, en otro informe sobre las sociedades públicas del año 2009. “No hemos podido verificar con documentación soporte los motivos por los que se realizó esta operación”, señala como resultado el informe oficial.

Todas las conclusiones de la operación de 2009 fueron suprimidas

El borrador, en cambio, habla de que se “ha comprometido su patrimonio por una deuda ajena” sin la autorización “necesaria” del Gobierno vasco, que la operación no se sostiene dentro del objeto social del parque —algo que apuntan también varios informes del Gobierno— y señala que según la jurisprudencia de la justicia europea “cumple con los requisitos” para ser considerada ayuda estatal. Algunas de estas afirmaciones son las que realizó el exconsejero socialista Bernabé Unda el pasado lunes en la comisión. La que fuera consejera por aquel entonces, la hoy viceconsejera de Justicia Ana Aguirre, ha asegurado que las decisiones de su equipo fueron correctas. Pero subrayó varias veces que ella no había participado y no había tenido conocimiento de la misma. Y la actual responsable, Arantza Tapia, reconoce que nunca se han realizado operaciones como la cesión de rango de Epsilon.

En el informe final se añadió además una justificación de los movimientos del parque en 2009, con una referencia a que esta sociedad “en todos los contratos que firma con empresas que prevén implantarse en dicho parque tecnológico viene reservándose un derecho de tanteo en relación con posibles ventas de los inmuebles a terceros que pudieran no responder a las exigencias y orientación de las políticas” del mismo.

Otra de las cuestiones eliminadas es una crítica a la gestión del Gobierno socialista en 2012 para solucionar el problema de la operación de 2009. Martínez Churiaque entiende que esta tampoco cumplió con toda la normativa, ante lo que Unda se defendió.

Es la primera vez que se remiten borradores del órgano fiscalizador

En el borrador se suprimen varias repeticiones y también varias conclusiones en los apartados de ayudas del Gobierno. Estas últimas son sustituidas con referencias a informes aprobados años atrás que sacan conclusiones muy similares sobre algunas deficiencias. Un contrato de alquiler con Sprilur —cuyo precio no se considera “razonable”, 451 euros mensuales— y la cesión de dos locales en el industrialdea de Azkoitia tenían que haber sido informados a la Comisión Europea porque según la jurisprudencia, reza el borrador, “cumplen los requisitos para ser consideradas ayudas de estado”.