El Estado ve invasión de competencias en la ley andaluza de transexualidad

Con el apoyo de los tres grupos con representación en el Parlamento andaluz se ha aprobado la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. El voto favorable de PP, PSOE e IU no impide que la sombra de un recurso de inconstitucionalidad, un vez más, sobrevuele una ley gestada en Andalucía.

Este miércoles ha llegado al Parlamento autónomo un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se advierte de que cinco artículos de la nueva ley vulneran “el orden de distribución de competencias establecido” en la Constitución. En concreto, el Gobierno central considera que se está contraviniendo el artículo 149.1 de la Constitución, en el que se establecen las competencias del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargado de controlar la legalidad de las normas de las comunidades autónomas, no aclara si se recurrirá o no la ley andaluza de transexualidad.

Antes de la votación en el pleno del Parlamento andaluz, los tres grupos con representación conocieron el informe y debatieron sobre su contenido. Y, a pesar de las advertencias, todos decidieron apoyar el texto.

La ley reconoce el derecho de autodeterminación de género

Era previsible que así lo hicieran PSOE e IU, ya que son los promotores de una ley que estaba contemplada en el acuerdo que firmaron para gobernar juntos en Andalucía. La sorpresa ha sido la postura adoptada por los populares. La parlamentaria del PP Esperanza Oña anunció desde la tribuna que su grupo apoyaría la norma pese a todo. “Vamos a votar que sí a pesar de todas las advertencias del Gobierno de España”, reconoció Oña, quien se mostró molesta con los otros grupos por poner en duda qué haría su partido.

El informe de Hacienda centra las dudas en algunas disposiciones de la nueva ley andaluza referidas al trato que tendrán derecho a recibir las personas transexuales por parte de la Administración, ya que se considera que pueden afectar a la regulación del Registro Civil, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la diputada Alba Doblas (IU) argumentó que el texto sobre el que el Gobierno central ha elaborado ese análisis es anterior al aprobado este miércoles. “Ese informe está desfasado”, ha sostenido Doblas. El análisis del ministerio se refiere a una versión de la norma de febrero de 2014. Con posterioridad se han incluido enmiendas que han pulido algunos de los aspectos conflictivos, según Doblas.

La diputada de IU también ha argumentado que los servicios jurídicos del Parlamento autónomo no han visto problemas legales en esta ley. La representante de IU ha criticado que, para defender su postura, el Gobierno recurra a una sentencia del Tribunal Supremo de 1991, al considerar que el conocimiento y tratamiento de la transexualidad ha evolucionado mucho en las dos últimas décadas. La parlamentaria de IU sí ha reconocido que el ministerio, con su informe, “advierte de la posibilidad de recurso”.

Izquierda Unida admite que el ministerio puede recurrir

Al margen de las dudas sobre la legalidad de la norma de transexualidad, los tres grupos políticos han mostrado su satisfacción por el texto que han conseguido consensuar después de dos años de trabajos. “Es un día de orgullo”, ha apuntado la socialista Soledad Pérez. De “día trascendental” ha hablado Doblas. “Es un momento de reconocimiento de errores, no solo del grupo popular, sino de toda la sociedad”, apunta Oña.

Esta sintonía, sin embargo, se rompió tras la votación. No hubo foto conjunta de los tres partidos políticos con las distintas asociaciones afectadas por la norma. IU posó con un colectivo y el PSOE, con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la cabeza, con representantes de otras asociaciones.

La norma aprobada en el Parlamento es la primera ley de España que regula el derecho a la autodeterminación de género, sin necesidad de pasar previamente las pruebas psicofísicas que sí se exigen en otras comunidades autónomas. Además, se fija el procedimiento para que todas las personas transexuales puedan ser atendidas en Andalucía conforme a su identidad de género.

La ley también aborda los problemas que pueden surgir en el ámbito educativo y contempla protocolos para detectar situaciones de riesgo para los menores. Muchos de los aspectos recogidos en la norma se tendrán que desarrollar ahora a través de decretos. La socialista Soledad Pérez ha anunciado que la Consejería de Educación aprobará el viernes un protocolo para evitar casos de discriminación en las aulas.