Los servicios sociales han perdido uno de cada cinco empleos en tres años

El sector de los servicios sociales ha perdido en los últimos tres años en Cataluña uno de cada cinco empleos. En total, se han destruido 16.200 puestos de trabajo. Así lo revela el informe El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en el sector de servicios sociales (2011-2013), realizado por Comisiones Obreras (CC OO). El sindicato y el Colegio de Trabajo Social de Cataluña alertan de que, sin embargo, lo peor aún no ha pasado. Ambas organizaciones temen el efecto que pueda tener sobre el sector la reforma de la Administración de Régimen Local aprobada en diciembre pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cataluña contaba a finales de 2010 con 89.200 asalariados en los servicios sociales, que ocupaban trabajos como la asistencia en establecimientos de residencia para personas con discapacidad física, intelectual o el cuidado de gente mayor o niños, según CC OO, que usa los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero en 2012 ese número se redujo a 73.000, en su mayoría mujeres y menores de 30 años. La tasa de temporalidad en estos empleos es del 27,3%, frente al 26,9% del conjunto de España.

El descenso en la ocupación, del 18,2%, está seis puntos por encima de la media española. Cataluña solo es superada por Madrid y La Rioja, que destruyeron 23% y 21% de los puestos de trabajo. Al otro lado de la lista están Canarias y Aragón. La caída es más notable si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2010, en toda España, se habían creado casi 200.000 empleos, sobre todo por la ley de Dependencia.

La destrucción de puestos de trabajo afecta a mujeres y a menores de 30 años

“El porcentaje de la destrucción de empleo en esta actividad ha sido 2,7 puntos superior al del conjunto de la economía. Una contradicción teniendo en cuenta la capacidad demostrada y no agotada de este sector de crear empleo”, denunció Rosana Costa, responsable del Sector de Intervención Social del sindicato. “Las decisiones que a partir de 2011 han adoptado las Administraciones para recortar partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales así como la reforma aplicada al Sistema de Atención a la Dependencia son decisiones políticas cuya consecuencia directa ha sido la destrucción de empleo”, añade

Núria Carreras, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Cataluña puso como ejemplo lo que ha sucedido con las PEV, las prestaciones para los dependientes que pagan una cama en residencias privadas a la espera de una plaza pública. Estas están congeladas desde agosto y han obligado a ajustar plantillas a las entidades. La Generalitat frenó las nuevas necesidades con el argumento de mantener la sostenibilidad de la ayuda. “España también nos frena en la atención a los dependientes”, aseguró la consejera de Bienestar, Neus Munté, tras recordar el sobreesfuerzo presupuestario de la Generalitat supliendo la parte que no aporta el Estado.

Tanto Costa como Carreras temen que el desarrollo de la Reforma de Administración Local, que quita a los ayuntamientos competencias en los servicios sociales, terminen de laminar el sector. “Aún desconocemos el efecto que pueda tener el despliegue del programa de recorte del Plan Concertado de Servicios Básicos o la moratoria en la Ley de Dependencia”, explica Costa. Carreras recuerda que la Generalitat firmó hace poco un decreto que busca amortiguar el impacto en Cataluña. “En teoría hay un blindaje, pero aquí sigue cayendo el sistema”, denuncia la trabajadora social. “La caída en derechos subjetivos en Cataluña es evidente”, agrega. Bienestar asegura que en septiembre retomará las PEV.

Cataluña es la comunidad con más porcentaje de asalariados de España (el 18%) y tiene una de cada cinco empresas del sector (2.028 en total).