Oleaje de hormigón en Cádiz

El Consejo de Ministros aprobó en mayo unas obras de emergencia para evitar el progresivo deterioro que los fuertes temporales habían provocado en la muralla defensiva de la ciudad de Cádiz en el entorno de la Alameda Apodaca. Los trabajos, ejecutados por la dirección general de Costas en los últimos días, han causado horror entre ecologistas, defensores del patrimonio histórico y otras administraciones como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que han exigido a Costas la reducción del impacto visual causado.

Las murallas defensivas de Cádiz, levantadas entre los siglos XVI y XVIII, protegían la ciudad de asaltos y ataques en sus momentos de mayor esplendor económico. Están declaradas Bien de Interés Cultural. Así que cualquier modificación de su entorno deberían haber contado con un permiso municipal y de la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio, que convoca la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. La normativa establece la excepción, cumplida en este caso: que se trate de una obra de emergencia que no aguante ninguna espera por cuestiones burocráticas.

A esta excepción se agarra el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, para hacer frente a las críticas que arrecian contra él. “El mal estado de la muralla nos obligaba a actuar. Había 25 metros muy dañados con un hueco de cinco metros de profundidad. Había un riesgo de que la muralla se desprendiera”. Los bloques de hormigón tratan de paliar los efectos del oleaje sobre la pared, como ya se hizo en otras zonas de la ciudad como el Campo del Sur. “Había que rellenar ese hueco, reparar los 25 metros y probablemente más porque, además, aquí las olas chocan frontalmente”.

De Torre niega, como le acusan, de haber dañado el patrimonio histórico. “La muralla ya fue reparada de la misma forma en los años 80 y 90”. Costas, según él, simplemente se ha limitado a reproducir esta situación. “El trabajo de los técnicos ha sido magnífico”, defendió.

No opinan lo mismo los defensores del patrimonio y ecologistas que claman, con una recogida de firmas, contra la ejecución del proyecto de Costas. Tampoco ha gustado al Ayuntamiento gaditano, gobernado por el PP, que ha pedido a Costas que reduzca el impacto visual de la obra. De manera más formal, la delegación de Cultura de la Junta ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente, del que depende Costas, un informe con medidas correctoras como que los bloques queden semi sumergidos o que se usen materiales que integren los bloques con el color de la muralla. La delegada, Cristina Saucedo, explicó que Cultura no pudo autorizar o desautorizar previamente el proyecto porque, al ser obras de emergencia, sus técnicos no fueron consultados.