Fiscalía investiga gastos y contratos de la Consejería de Sanidad desde 2008

El grave problema de la Generalitat valenciana con sus proveedores, a los que ha llegado a adeudar miles de millones de euros, puede acabar desembocando en un aprieto aún mayor por el modo en que ha saldado sus deudas con ayuda del Gobierno. La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación sobre la forma en que la Generalitat tramitó el pago de 1.864,3 millones de euros, en 2012, acogiéndose al mecanismo extraordinario habilitado por el Ministerio de Hacienda. La denuncia, presentada por el sindicato CGT y basada en informes de la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador del sector público valenciano, subraya presuntas violaciones “flagrantes” de las normas de contratación para liquidar las facturas.

En septiembre de 2012 hacía poco más de un año que Alberto Fabra había accedido a la presidencia de la Generalitat. Faltaban varias semanas para que su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, dimitiera tras ser sorprendido entregándole unos papeles a Rafael Blasco. Y la tensión sobre las finanzas autonómicas no dejaba de crecer, con las farmacias ultimando un cierre patronal indefinido para protestar contra la morosidad del Consell.

La Agencia Valenciana de Salud tramitó en ese escenario el pago de 1.864,3 millones de facturas que había ido acumulando en los cajones en años anteriores, aprovechando que el Gobierno facilitaba el pago de las deudas ofreciendo para ello préstamos a los Ejecutivos autonómicos. Al mismo tiempo, Sanidad abrió un expediente para identificar a los responsables de esa deuda oculta, del que no se ha vuelto a saber nada más.

El problema era que no existía un procedimiento administrativo para tal regularización. Ni siquiera estaba previsto, advirtió la Sindicatura, qué organismo debía encargarse de ella. En ese camino a oscuras, sostiene la denuncia e investiga si es cierto la fiscalía, se prescindió “a sabiendas” de elementos esenciales de la contratación de las Administraciones. No se controló, por ejemplo, que esas facturas contaran con una “certificación del órgano gestor responsable sobre la recepción correcta del servicio, obra o suministro realizado”. Esto es, no se requirió “soporte documental” que demostrase que los servicios y suministros se hubieran prestado y entregado realmente a Sanidad.

Tampoco consta, como admitió la Consejería de Hacienda a raíz de una pregunta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, que la Intervención General de la Generalitat informase sobre la tramitación del pago de los 1864,3 millones.

Ello, así como otras irregularidades detectadas por la Sindicatura en sus informes anuales de 2008 a 2012, incluidas en la denuncia a la fiscalía, fueron constitutivas según CGT de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Sindicatura de Comptes alertó, entre esas otras anomalías, de la fragmentación de contratos. Y de la práctica de tramitar como menores los acuerdos de mantenimiento que, al extenderse en el tiempo y crecer progresivamente en su importe, debían contratarse respetando la publicidad y la concurrencia.