Forajidos y aforados

Ajeno por completo al creciente malestar ciudadano que ya se manifiesta abiertamente en la calle, en las urnas y hasta en las mismas instituciones, el gobierno del Partido Popular acaba de anunciar oficialmente que sí, que el Rey Juan Carlos, cuando abandone el trono, tendrá un aforamiento especial y absoluto que le protegerá de cualquier tipo de denuncia tanto civil como penal. Hace apenas dos meses, no estando todavía planteada la abdicación del monarca, ya se aprobó incluir entre los españoles aforados a la Reina Sofía y a los príncipes. Estamos ante la perversión hasta la caricatura de fórmulas que, hace muchos años, nacieron para garantizar el ejercicio democrático de la política a salvo de presiones o amenazas exteriores y que han desembocado en un entramado de leyes de tintes mafiosos donde lo que se pretende es dificultar la tarea de la justicia si esta osa acercarse a los poderosos.

El origen del aforamiento, aunque sea posible encontrar referentes anteriores, hunde sus raices en el parlamentarismo francés de hace más de dos siglos. Entonces se legisló sobre inmunidad parlamentaria para proteger a las cámaras legislativas, salidas de la voluntad popular, de los organismos judiciales que estaban ligados a la nobleza. De ahí sale la moderna figura del aforado. Se trataba de que los poderes que venían del Antiguo Régimen no pudieran impedir la labor parlamentaria de aquellos a quienes había escogido el pueblo. ¿Quién podía suponer entonces que un avance con pretensiones democratizadoras iba a desembocar en España en un ejército de miles de aforados o que, en el País Valencià y sin rubor alguno, los gobernantes del PP iban a usar el aforamiento para dilatar y dilatar, cuando no anular, sus procesos por corrupción? Si alguien hubiera pensado en la posibilidad de unos usos tan torticeros del aforamiento como los de Sonia Castedo o “La Perla” (que renuncian a él para que sus causas cambien de juzgado y volver a empezar de cero) seguro que se hubieran buscado otras fórmulas. El aforamiento no está pensado para huir de la justicia como si de forajidos se tratara.

El nuevo blindaje de la Familia Real y, en especial, el aforamiento del Rey Juan Carlos es como ponerle la guinda al pastel del reparto de privilegios entre poderosos, significa que una fórmula que pretendía ser una garantía contra el abuso por parte de la nobleza, acaba en las antípodas de la pretensión inicial. Lo que era una defensa de la ciudadanía ante la nobleza se utiliza hoy en España para blindar a la Monarquía de la gente normal, de sus leyes y de sus jueces. El mundo al revés.

Estos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha puesto el grito en el cielo sobre el abuso que se está haciendo del aforamiento. No han descubierto nada que no sepa cualquier ciudadano mínimamente informado: hay demasiados aforamientos, se está convirtiendo en regla general lo que debería ser una excepción y, sobre todo, “se entorpecen y ralentizan los procedimientos”. En España hay 10.000 aforados, de los cuales, unos 2.000 son políticos; el resto, básicamente, miembros de las altas instituciones del Estado, componentes de la carrera judicial y de las fuerzas de seguridad. El overbooking de aforados en España no tiene comparación con otros países. Por ejemplo, en Alemania, Reino Unido o los Estados Unidos no hay ni un solo aforado. Otro dato interesante es que la Constitución, contra lo que se pretende dar a entender, solo contempla el aforamiento de los miembros del gobierno, senadores y diputados, poco más de 600 personas. Los demás, hasta 10.000, se han apuntado al privilegio gracias a leyes posteriores.

El agotamiento de nuestro sistema sociopolítico en cada día menos discutible y la perversión de las fórmulas ligadas a la inmunidad parlamentaria es muestra evidente de la necesidad de revisarlo todo, y a fondo. Inmunidad no es impunidad; inmunidad equivale a garantía, impunidad es trampa, una burla continuada del principio de igualdad ante la ley. El aforamiento es una medida pensada para proteger al ciudadano otorgándole un trato especial a su representante para que pueda actuar con plena libertad. La figura jurídica no protege a la persona, al político, sino la función que desempeña.

El desvarío es tan grande que, mientras se multiplican los aforados que se sitúan al margen de la justicia ordinaria, los mismos políticos que abusan de sus privilegios para escapar de los jueces pueden acabar siendo juez y parte para negar a una diputada el ejercicio de su cargo. Acaba de pasar en Les Corts Valencianes con Mónica Oltra. Resulta que disponemos de fórmulas para procurar que la justicia no impida la labor legislativa pero, en cambio, no hay forma de evitar que una mayoría parlamentaria, sin más, le niegue a una diputada de la oposición el ejercicio de su tarea, al expediente, la sancione, la suspenda, y finalmente la expulse. Seguro que si la Mafia pudiera hacer lo propio con los policías que les investigan y persiguen, también les suspenderían. Sin policía se roba mejor, y sin oposición, también.