Barberá modifica su plan en un intento de desbloquear El Cabanyal

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer un pacto con el Gobierno para desbloquear el conflicto urbanístico en El Cabanyal, que no es tan definitivo como dio a entender. “Es un principio de acuerdo, sujeto a lo que digan los informes técnicos internos [del Ministerio de Cultura] y de instituciones externas independientes”, declaró un portavoz oficial, informa Ferran Bono.

Barberá vendió el pacto como cosa hecha después de dos años de negociaciones con el PP gobernando la Moncloa. Una orden del Ministerio de Cultura —dictada por el PSOE— protege desde 2009 el barrio del plan urbanístico aprobado hace 15 años por el PP, que prolongaba la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de romper en dos el barrio marinero. La propuesta oficial mantiene la prolongación de la avenida, de 48 metros de ancho, respeta la retícula histórica [en cuadrícula] en la zona del barrio declarada Bien de Interés Cultural (BIC), reduce en un 35% los inmuebles afectados por las demoliciones, disminuye las alturas de los edificios previstos de cinco a tres alturas, con un descenso de la edificabilidad del 15%.

La alternativa conserva el ancho de la avenida en 48 metros pero reduce la afección total de 107 a 60 metros, matizó el concejal de Urbanismo, Alfonso Novo. El bulevar no acabará en el paseo marítimo sino en la Lonja de Pescadores —sacrificada en el plan original del PP—, que el Ministerio de Cultura pide expresamente que se conserve y se declare dotación pública, desalojando a sus actuales residentes.

Cultura habla de un principio de acuerdo, sujeto a informes técnicos

“Se trata de un acuerdo político” a partir del proyecto que el Gobierno local presentó al ministerio el pasado 30 de mayo. “Lo tengo hablado con la vicepresidenta Soraya Sáenz y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal”, remarcó la alcaldesa.

Cultura pedirá informes “que no serán vinculantes”, enfatizó Barberá, a instituciones de prestigio como la Real Academia de San Fernando o el Consejo Superior de Arquitectos.

“A lo largo de este proceso”, agregó la regidora, “se levantará la orden ministerial de 2009”, que rubricó entonces el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y que se dictó para proteger el barrio del expolio. El pacto permite a Barberá retirar el recurso que presentó al Tribunal Supremo contra una orden ministerial que se ha demostrado inapelable y que oposición y vecinos sospechan que iba a perder. La suspensión de licencias —de obras y actividad—, ordenada por el Gobierno local tras una interpretación muy restrictiva de la norma ministerial, continuará en pie. La regidora comunicó su alternativa a la asociación vecinal Sí Volem, favorable al plan oficial.

Unas horas después de que Barberá revelase su propuesta, un portavoz del Ministerio de Cultura redujo el pacto dado por hecho por Barberá a un principio de acuerdo, condicionado a lo que digan los informes técnicos internos y los de instituciones externas independientes. Cultura confirmó que la orden no se revocará y subrayó que los técnicos verán si el proyecto municipal cumple los requisitos establecidos por la orden de protección.

Retira un recurso en el Supremo contra la orden que está a punto de fallarse

El Gobierno local, con mayoría del PP, aprobó hace 15 años el Plan Especial de Protección de Reforma Interior (Pepri) de El Cabanyal. El número de demoliciones que entrañaba —derribaba más de 1.600 casas en el histórico barrio marinero— cosechó pronto la oposición de vecinos de la zona, que se organizaron bajo la plataforma de Salvem El Cabanyal. Ellos han dirigido durante más de una década una cruzada judicial contra el plan, que desembocó en un fallo del Tribunal Supremo que instaba a Cultura a pronunciarse sobre si el plan de Barberá expoliaba el barrio. El ministerio resolvió que sí y dictó la orden hoy en vigor.

Lo que era un conflicto urbanístico local se convirtió en un problema político de ámbito estatal. La Generalitat aprobó un decreto que luego fue ley para desactivar la orden. La Moncloa replicó con un recurso al Tribunal Constitucional, convencido de que el expolio es competencia exclusiva del Estado.

Desde que el PP llegó a la Moncloa en 2011, la alcaldesa Rita Barberá no ha cesado de presionar para desactivar la orden de Cultura, pero el Gobierno, ahora de su mismo partido, concluyó que la orden está blindada por el Consejo de Estado y los dictámenes de instituciones culturales de renombre.

Solo quedaba por deshacer el embrollo judicial creado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Rita Barberá en torno al barrio. Y esto se consiguió en un Consejo de Ministros de octubre de 2013, cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que retiraba el recurso de inconstitucionalidad si la Generalitat derogaba la ley con la que intentó combatir la orden. Se cumplió el trato y esta norma es hoy el único instrumento legal que rige en el barrio, en contra del parecer de la regidora.

“El objetivo es encontrar un cauce técnico que permita la consecución de la protección de El Cabanyal conforme a la Convención de la Unesco y la legislación nacional”, respondió el Ministerio —por escrito— a preguntas de EL PAÍS el pasado mes de abril.