Un centro de salud mental que costó 15 millones sigue cerrado
El PSPV denuncia su deterioro por el empeño de la Generalitat de entregarlo a la Universidad Católica
El Centro de Referencia Nacional en Salud Mental y Acción Sociosanitaria para las personas con enfermedad mental crónica, construido por el anterior gobierno socialista en la calle del General Avilés de Campanar con una inversión de 15 millones de euros, sigue cerrado desde que se acabó en 2010, ha denunciado el concejal socialista en Valencia Vicent Sarrià.
El Ayuntamiento de Valencia cedió al Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales una parcela de 9.254 m2 en la calle del General Avilés para la construcción de este centro.
El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se encontró en 2004 con un proyecto sin adjudicar, que fue necesario adaptar y modificar, invirtiéndose en la ejecución del proyecto redactado por el arquitecto valenciano Alberto Peñín más de 15 millones de euros.
El centro de referencia estatal para la promoción y autonomía personal está promovido por el Instituto de Mayores y Servicios sociales (Imserso) del anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, y cuenta con una residencia para 36 plazas asistenciales.
Según el edil socialista, el anterior Gobierno firmó un convenio con la Universitat de València para el uso de las instalaciones y desarrollar los programas de formación e investigación, sin embargo, tras las elecciones generales de 2011, tanto el Gobierno del PP como la Generalitat han paralizado su entrada en funcionamiento, según parece por el interés de que la Universidad Católica cogestione este Centro Estatal, en un claro intento de privatizar una infraestructura pública pagada por todos los ciudadanos.
"A fecha de hoy el centro de Salud Mental sigue cerrado", ha dicho Sarrià, "lo que supone un despilfarro del dinero público intolerable”, y ha exigido al Gobierno de Rajoy y a la Generalitat que cumpla el convenio firmado con la Universitat de València y ponga en marcha todas sus instalaciones con gestión pública, ya que los intereses privados no pueden seguir obstaculizando la función social para la que se construyó, que es avanzar en la formación e investigación y llevar a cabo la asistencia sociosanitaria a las personas con enfermedad mental crónica.
Sarrià ha recordado que la cesión de la parcela municipal se efectuó para construir un centro público, y el Partido Popular no puede alterar el objeto de esta cesión de terrenos públicos, ni vulnerar el convenio firmado con la Universitat de València para la formación e investigación, por lo que ha exigido a la alcaldesa que “abandone su silencio y sumisión y defienda los intereses generales de los valencianos”
El concejal socialista ha puesto de manifiesto la hipocresía de una alcaldesa, que no tuvo reparos en enviar a concejales y diputados de su partido a fotografiarse delante de las obras para reclamar su finalización al Gobierno de Zapatero, pero que después una vez finalizadas las obras guarda silencio y está más centrada en defender a su “familia política” que en ayudar a las centenares de familias afectadas con personas que padecen enfermedades mentales crónicas.
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