Archivada la causa económica contra los responsables de ‘Egunkaria’
La juez declara "extinguida la responsabilidad criminal" de los ocho directivos juzgados
La llamada causa económica del caso Egunkaria ha sido archivada al haber prescrito los delitos de los que se acusaba a los imputados, ocho directivos del periódico clausurado en 2003, tras el archivo de la causa adoptada por parte del Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián.
Este Juzgado se había hecho cargo de la causa después de que la Audiencia Nacional absolviera en abril de 2010 a cinco directivos de este diario en euskera que habían sido acusados de pertenencia a ETA en un proceso que supuso la clausura del periódico.
Ahora, la titular de Penal 3, Carmen Zubimendi, ha declarado "extinguida la responsabilidad criminal" de Juan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Iñaki Uria, Jose Mari Sors, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu, Fernando Furundarena y Ainhoa Albisu de los delitos que se les imputaba.
La juez considera prescritos tanto los delitos de fraude de subvenciones públicas en la modalidad de falseamiento de las condiciones requeridas para su concesión, correspondientes a los años 1998, 1999, 2000 y 2001, así como los de falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales en los mismos ejercicios, ya que han transcurrido más de cinco años.
En una audiencia previa al juicio oral celebrada el pasado 7 de abril, las partes mantuvieron sus argumentos y ahora la magistrada da la razón a las defensas cuando afirma que en ninguno de los supuestos se produjo una interrupción de la prescripción.
El fiscal mantenía la tesis contraria, ya que alegaba que el auto de noviembre de 2003 que planteaba la apertura de diligencias por otros delitos distintos a los del tipo penal de pertenencia o integración en actividad terrorista tenía "un efecto interruptivo de la prescripción para el conjunto de los hechos delictivos".
La juez dice que ese auto "no contiene concreción alguna" y "adolece de una absoluta indeterminación" sobre los hechos susceptibles de constituir delitos, "ni ofrece las fechas en las que se habrían producido las defraudaciones en subvenciones públicas, ni las cuantías defraudadas". Destaca que, por tanto, ese auto "no cumple los requisitos para atribuirle capacidad interruptora de la prescripción".
La magistrada señala que, incluso si se entendiera que los informes periciales y policiales producen "esa capacidad", el primer dossier de la Guardia Civil es de 27 de octubre de 2006, los delitos también estarían prescritos al haber pasado "concretamente 5 años y 8 días". El procedimiento sobre supuestas irregularidades en las cuentas de las sociedades mercantiles creadas alrededor de Egunkaria se desglosó del sumario principal sobre la supuesta vinculación del diario a ETA que investigó la Audiencia Nacional.
En mayo de 2010, cuando los directivos del periódico ya habían sido absueltos de pertenencia a ETA, la Audiencia Nacional se inhibió al considerar que no era competente para enjuiciar defraudaciones fiscales y la causa sobre el entramado económico pasó a manos del Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián.
Además de la Fiscalía, la asociación Dignidad y Justicia también ejercía la acusación en esta causa, en la que solicitaban para los procesados penas de entre 13 y 26 años de cárcel y multas de entre 21 y 33 millones. Sin embargo, Dignidad y Justicia quedó excluida de la causa un año después, pues la titular del Juzgado donostiarra entendió que era "palmario" que la "finalidad" de "defensa de la dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo" que persigue esta asociación no tenía relación "con la persecución" de infracciones penales contra el patrimonio de la Hacienda pública.
Esta organización recurrió, pero en enero de 2012 la Audiencia de Gipuzkoa confirmó la decisión de la juez, lo que conllevó que quedará también fuera de la causa el delito de defraudación del IVA por el que había formulado acusación Dignidad y Justicia como acción popular.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha transmitido la solidaridad de su grupo con todos los implicados y pedido que "otros juicios políticos" pendientes sigan el mismo camino. "Ya sabíamos que no había ningún tipo de delito y pese a ello cerraron el periódico, y detuvieron y torturaron a sus directivos". "¿Qué va a hacer el Estado para reponer a Egunkaria y sus directivos a la posición previa a este desmán?", se ha preguntado.
