El Constitucional anula el euro por receta en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid no debería haber cobrado a los madrileños por adquirir un medicamento con receta. Lo empezó a hacer hace dos años en plena crisis económica y al mismo tiempo que Cataluña y ha sido una de las medidas que más ampollas levantó entre la ciudadanía de Madrid, una de las más coreadas en las manifestaciones de la llamada marea blanca que durante los últimos años ha recorridolas calles de la capital para protestar por la política sanitaria del PP. Ahora, el Tribunal Constitucional ha sentenciado la ilegalidad de esta medida, que ya había suspendido de forma cautelar a los pocos meses de su entrada en vigor. El alto tribunal remite a la sentencia similar que dictó el pasado mayo en Cataluña en la que calificaba como “gravosa” la medida que también había sido aplicada en esa comunidad durante meses. También allí, había suspendido el euro por receta de forma cautelar.

El argumento principal que da el Constitucional para tumbar esta tasa obligatoria en la comunidad que presidente Ignacio González es la vulneración de las competencias estatales en materia de sanidad. La financiación sanitaria no está transferida a las autonomías, sigue siendo competencia del Estado.

Pero más allá del debate competencial están los intereses de los ciudadanos, resaltaron ayer algunos partidos y sindicatos al conocer la sentencia. El Grupo Parlamentario UPyD en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa para que el Gobierno de la Comunidad “aclare en el Parlamento autónomo si piensa o no devolver los cinco millones de euros que el Consejero de Economía, Enrique Ossorio, estimó que se habían recaudado durante el mes que esta estuvo vigente esta medida, en enero de 2013”. “El euro por receta suponía aumentar el copago farmacéutico, era injusto, no tenía en cuenta la renta por paciente ni promovía el uso racional de los medicamentos”, señala el portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea, Enrique Normand.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) e IU expresaron su satisfacción por la decisión del Alto Tribunal. “Era una decisión injusta y nos alegra que nos hayan dado la razón”, resumió el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento regional, José Quintana.

Y en el mismo sentido se manifestaron los sindicatos CC OO y UGT. “La Comunidad debería establecer un procedimiento para resarcir a los ciudadanos que lo pagaron. Aunque sea complejo, el Gobierno regional tenía que haberlo previsto al aplicar una medida que claramente podía ser inconstitucional”, reivindica la secretaria de Política Social de CC OO de Madrid, Ana González.

“Esta sentencia tumba una de las medidas estrella antisociales en materia sanitaria del PP, que rompía los principios de cohesión e igualdad y es un espaldarazo a las protestas de la ciudadanía contra esa política”, añade González.