Una juez cuestiona la legalidad de prohibir la asistencia a manifestaciones

La titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, Roser Aixandri, pone en duda la medida cautelar de prohibir la asistencia a manifestaciones o protestas a las personas detenidas por su presunta implicación en altercados o desórdenes públicos. “Supondría una suspensión del derecho constitucional de manifestación y de reunión”, esgrime la juez en un auto, sobre dos de los últimos detenidos por los disturbios relacionados con el desalojo de Can Vies. La juez deniega así la petición del fiscal, al que responde que la medida “no solamente es desproporcionada con la concreta realidad de los hechos atribuidos [...], sino que tiene difícil encaje” en la Ley de enjuiciamiento criminal y en el código penal.

De los casi 70 detenidos por los altercados en Can Vies, dos han ingresado en prisión. En 45 casos además los jueces de guardia sobre los que ha recaído — los de instrucción 14 y 18— han estimado la solicitud de la fiscalía de prohibir cautelarmente que acudan a manifestaciones hasta que se celebre el juicio.

En el caso concreto de los dos detenidos, la juez además destaca que no ha quedado demostrado “ni indiciariamente” que los jóvenes causasen los daños materiales descritos por la policía, ni herido a los mossos. Las lesiones que presentan los agentes “fueron producto de la presunta resistencia desplegada por los imputados en la detención y para evitar que les esposasen”, sostiene la juez.

Los dos detenidos carecen de antecedentes penales, tienen trabajo, domicilio conocido y arraigo familiar. Por ello, la juez dejó el lunes la detención sin efecto, aunque les impuso la medida de acudir al juzgado el día 1 de cada mes, hasta que se celebre el juicio.

De las 67 personas detenidas hasta el momento por los altercados que empezaron el lunes 27, a raíz del desalojo de Can Vies, solo siete tenían antecedentes penales. En 12 casos, la detención quedó sin efecto, y el resto pasó a disposición judicial. La mayoría de los arrestados son españoles (siete menores de edad), a excepción de dos italianos, un holandés, tres colombianos, un bangladesí, dos mexicanos y dos norteamericanos. Se les acusa de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños.

Por otra parte, Interior comprará un nuevo cañón de sonido, denominado LRAD, para las unidades antidisturbios. El aparato, valorado en 19.965 euros, está pensado para dispersar concentraciones, según explicó el consejero Ramon Espadaler en una respuesta parlamentaria. La herramienta tendrá más potencia que el cañón actual, y se oirá a más de 1.000 metros.