Grau ignora los informes del Estado y reitera que la fundación es privada

El vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, insistió ayer, horas antes de declarar ante el juez instructor del caso Nóos por el convenio con Iñaki Urdangarin para la organización de los Valencia Summit, en que la fundación municipal, que según la oposición ha recibido cerca de 64 millones de euros de fondos públicos, es de naturaleza privada y, por tanto, no está sometida a la ley de contratos públicos. El número dosde Rita Barberá recordó que la fundación la creó el anterior gobierno socialista tal como es hoy y “nunca ningún gobierno posterior” ha cambiado esa naturaleza.

La oposición se apoya en informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para afirmar que es público y, por tanto, la fundación no actuó con la debida diligencia cuando se firmaron los convenios con el instituto de Urdangarin. Turismo Valencia desembolsó hasta 1,9 millones de euros para la celebración de los Summit.

Los grupos de Compromís y EU pidieron la disolución de la fundación y la creación de un ente público que asumiese sus funciones y donde se garantice el control y la fiscalización de los fondos municipales. “Los patronos [de la FTVCB] han dicho que no se enteraban de nada. Entonces, si es privada y el Ayuntamiento no tenía nada que ver ¿por qué lo preside usted? ¿por qué el director es el mismo que el del Palau de Congresos de Valencia, un ente público?”, interpeló la concejal de Compromís Consol Castillo. Para Amadeu Sanchis, portavoz de EU, “que la fundación sea un ente privado es lo que ha permitido eludir los controles públicos”. Los socialistas se desmarcaron de estas mociones porque la solución no es disolverla sino evitar que se repita el mal uso de la misma, defendió el edil Salvador Broseta y criticó al Gobierno local porque no se ha personado en el caso Nóos. El PP tumbó con su mayoría sendas mociones.

Pero el debate no acabó ahí. El portavoz de Compromís, Joan Ribó, recordó que el juez Castro ha imputado a Grau porque “orilló el interés general” cuando convenió con Urdangarin los Valencia Summit. Ribó le preguntó a Barberá cuál era su línea roja con las personas imputadas de su corporación y volvió a reclamar la dimisión del vicealcalde. El portavoz de Compromís añadió que solo le considera el brazo ejecutor del desaguisado de los Summit y que el responsable es quien se reunió tres veces con el Instituto Nóos, en referencia a Barberá aunque no la mencionó. “La lealtad es importante pero la verdad lo es más”, subrayó.

Pero de la contestación se encargó Grau, no la alcaldesa. El vicealcalde acusó a Ribó de servirse de “mentiras” y lo comparó con Robespierre por su talante justiciero. A continuación, anunció que la fiscalía había archivado hacía más de un mes la denuncia de Compromís por el fraccionamiento de facturas del evento de la Japan Week. “Mancha sin mirar y cuando se descubre que la mancha es falsa, no lo dice”, le reprochó. Y concluyó con una alusión a los resultados de las elecciones europeas: “Que la coleta [en alusión al líder de Podemos, Pablo Iglesias], vende más que la samarreta [que ha popularizado la diputada Mònica Oltra]”·.

El vicealcalde declara ante Castro

El juez del caso Nóos, José Castro, tomará este sábado declaración como imputado a Grau en relación a los convenios que firmó el Instituto Nóos con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau para organizar foros sobre deporte en 2004, 2005 y 2006.

Castro decidió citar a Grau a declarar al entender que "existen indicios fundados de criminalidad" en los convenios suscritos entre el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, la FTVCB y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar dichas jornadas.

El juez basa esos indicios en las declaraciones prestadas por varios testigos en esta causa los pasados 11 y 12 de abril en Valencia y también en unos informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la FTVCB y la aplicación a dicha entidad de la Ley de Contratos de la Administración Pública en el momento de los hechos.

El informe de Intervención, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, concluye que la FTVCB pertenece al sector público y está integrada en el Ayuntamiento de Valencia ya que el consistorio financia casi la totalidad de su presupuesto y controla su gestión con el 99,55 % de los votos en su patronato.

Según Castro, existen "indicios racionales" de que en las diferentes contrataciones al Instituto Nóos "se orilló el interés general, se prescindió de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado".

De acuerdo con el juez, tampoco se fiscalizó cómo se desarrollaban los convenios ni si pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos.

Castro indica que esas pautas eran "de obligada observación" ante la calificación jurídica como entidad de derecho público de la FTVCB que realiza la Intervención del Estado por el hecho de que los fondos que manejaba esta entidad eran "abrumadoramente públicos".

El juez considera necesario que Grau sea oído como imputado en su calidad de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, presidente de la fundación y miembro de su consejo rector en representación de la corporación municipal.

Castro aceptó una petición de la defensa de Grau, que solicitó tiempo para estudiar la causa y aplazó a mañana a las 11 horas la declaración que había fijado inicialmente para el 17 de mayo.