El juez investiga si el Consell amañó contratos con Over Marketing
El dueño de la empresa confesó haber financiado ilegalmente al PP balear
El pasado persigue al Consell. Los muchos años de gobierno siguen dando problemas judiciales a los responsables de la Generalitat. El titular del juzgado de Instrucción número tres de Valencia ha abierto diligencias por los contratos de la Consejería de Sanidad con Over Marketing, la empresa del balear Daniel Mercado considerada un precedente de la trama Gürtel.
El magistrado indaga si en la concesión de adjudicaciones por importe de cerca de tres millones de euros los responsables sanitarios incurrieron en los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Especializado como el grupo de Francisco Correa en la publicidad, la organización de actos y el lanzamiento de campañas de propaganda, Mercado declaró ante el juez del caso Nóos, José Castro, que sus empresas se beneficiaron de adjudicaciones amañadas en Valencia, Baleares, Madrid y Castilla y León entre 2003 y 2007. El empresario relacionó aquel favoritismo con la financiación ilegal de campañas del PP balear.
La querella presentada ahora por la Asociación Contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana también alude a la financiación irregular. Pero lo único que alega en tal dirección es la confesión de Mercado ante el juez Castro, dentro del caso Palma Arena, en octubre de 2012.
La denuncia sí detalla las presuntas trampas en las adjudicaciones, cuyos ejecutores habrían sido dos ex altos cargos. Roberto Jesús Roig, ex secretario general de la Consejería de Sanidad. Y Eloy Jiménez, ex director general de Recursos Humanos. Sus jefes en el momento en que se firmaron los contratos eran Serafín Castellano (2000-2003) y Vicente Rambla (2003-2006).
El primer contrato investigado se adjudicó por 2,1 millones en el año 2002 y tenía como objetivo la ejecución de una campaña publicitaria. La Asociación Contra la Corrupción ha tenido acceso al expediente administrativo y lo ha aportado al juez Francisco Silla. La cláusula quinta del contrato establece que los pagos a Over Marketing “se efectuarán previa presentación de la correspondiente factura y del correspondiente certificado de conformidad de la Consejería de Sanidad”, recoge la querella. Pese a ello, en el expediente “no hay rastro de ninguna factura”, “por lo que no se puede saber si se efectuaron los anuncios correspondientes a la campaña publicitaria, ni en que medios, ni que coste tuvieron”.
El expediente contiene un informe del interventor oponiéndose técnicamente al contrato y que fue obviado.
La misma situación, cláusula que obliga a Over Marketing a justificar el gasto y ausencia de facturas, se produjo en otra adjudicación, según la querella. Se trata de la “campaña para el uso racional del medicamento”, que costó 832.000 euros y fue adjudicada en 2005.
La acusación ha pedido la declaración de los querellados, documentación sobre otros contratos de Sanidad con Over Marketing y la declaración de varios testigos. Entre ellos, la de dos ex cargos que están imputadas en el caso Gürtel, Dora Ibars y Arantxa Vallés.
El querellante que salió de la guerra del PP
La Asociación Contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana se dio a conocer hace un año. Con muy pocos miembros y ajena a los movimientos ciudadanos que han denunciado las irregularidades en la gestión del dinero público en los últimos años. Y en un contexto de enfrentamiento cainita en el seno del PP.
El partido que ha dominado la vida política valenciana durante dos décadas vivía, cuando surgió la asociación, una fuerte polarización por la decisión del presidente valenciano, Alberto Fabra, de expulsar de la bancada popular en las Cortes Valencianas al exconsejero Rafael Blasco, que el miércoles fue condenado a ocho años de cárcel.
Las primeras denuncias de la asociación apuntaron a las inmediaciones de Fabra. Poco antes el presidente había permitido que la Abogacía de la Generalitat pidiera 11 años de cárcel para Blasco en el caso Cooperación.
El principal objetivo de las querellas de la asociación ha sido desde entonces el hombre fuerte de Fabra en el partido: Serafín Castellano, secretario general del PP valenciano y consejero de Gobernación.
La mirilla está fija en la misma dirección en la nueva querella. Porque por encima de los altos cargos señalados como responsables de los amaños en Sanidad estaba Castellano.
La asociación centra en dos expedientes a los que ha tenido acceso las denuncias. Pero extiende la sospecha a otros ocho contratos, y solicita al juez que pida a Sanidad “la documentación integra” de los mismos.
La denuncia abarca a 10 contratos. Ocho de ellos corresponden a la etapa de Castellano como consejero y dos a la de su sucesor, Vicente Rambla.
Las denuncias centradas en las adjudicaciones a Over Marketing dejan fuera a quien tomó el relevo al frente de Sanidad, que fue Blasco. Llamativamente esa es la época que la fiscalía investigaba hasta ahora.
Blasco tuvo, además, un fuerte enfrentamiento, tras llegar a Sanidad, con uno de los dos cargos que la asociación señala en su querella, Eloy Jiménez. Su hermano, Alfonso, que era responsable del departamento de Informática en la consejería, dimitió tras oponerse a la decisión de Blasco de adjudicar un contrato de tres millones. Blasco lo sustituyó por Marc Llinares, otro de los condenados ahora por el saqueo de la cooperación.
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