El Parlamento catalán aprueba la Ley de BCN World

Poco a poco, más lentamente de lo previsto, BCN World avanza. El proyecto que aglutinará casinos, hoteles y oferta comercial en Tarragona, junto al parque temático de PortAventura, superó ayer su trámite más espinoso en el Parlament, donde logró el apoyo de CiU y PSC para conseguir la reforma legislativa que ansiaba: una rebaja del impuesto de casinos que pasará del 55% al 10%, el permiso para jugar a crédito y cambios urbanísticos que harán posible levantar el complejo.

Veremonte, la compañía del promotor inmobiliario Enrique Bañuelos que quiere convertir la Costa Dorada en un destino turístico con una oferta similar a la de Las Vegas o Macao, con especial protagonismo del juego, ha conseguido convencer a ambos partidos. CiU lo defendió ayer como un proyecto económico similar al de PortAventura, aprobado también con polémica en 1989 y que ha acabado siendo un éxito para la zona, atrayendo 4,5 millones de visitantes.

El PSC, por su parte, argumentó que el territorio de Tarragona, con 113.000 parados y 55.000 familias con todos sus miembros desocupados, necesita un proyecto como el de BCN World, para el que Veremonte asegura que se necesitarán 4.500 millones de euros de inversión y 17.000 trabajadores sólo para sacar adelante su construcción. La presión de los alcaldes socialistas ha influido en el voto de ayer de su partido.

La reforma de la Ley de los Centros Recreativos y Turísticos (CRT) de Vila-seca y Salou también recibió un “sí crítico” del PP, molesto porque CiU y PSC la acordaron dejándole al margen. Esa posición se visualizó votando la mayor parte del articulado a favor, mientras que en los artículos más sensibles y a la vez los más reivindicados por Veremonte, se abstuvo. Esto a pesar de que el PP es favorable a la rebaja fiscal, asume la necesidad de los cambios urbanísticos y no está en contra del juego a crédito.

ERC, que ha visto como sus enmiendas sufrían el rodillo de la alianza socioconvergente, votó en contra de esos artículos, como también hicieron el resto de grupos parlamentarios: ICV-EUiA, Ciutadans y CUP.

Una vez aprobada la ley, el balón queda sobre el tejado de la Generalitat. El Gobierno catalán deberá aprobar en los próximos meses dos instrumentos imprescindibles para el proyecto: la convocatoria del concurso con el que se adjudicarán las seis licencias de los casinos que acogerá BCN World y el plan director urbanístico que establecerá la superficie edificable y los usos del suelo. A partir de ahí, Veremonte asegura que podrá ofrecer las magnitudes del complejo, unos datos que han brillado hasta ahora por su ausencia, factor que sirvió como munición para los partidos de la oposición.

El debate definitivo de la ley mantuvo ayer la polarización de fuerzas que el proyecto ha suscitado, pero el PSC fue un blanco especial de las críticas por haber servido en bandeja el acuerdo a CiU. Mientras que el diputado del PP, Rafael Luna, los acusaba de “bomberos voluntarios de la Generalitat” en referencia a que BCN World se había convertido en un fuego para el Gobierno catalán, la diputada de ICV-EUiA, Hortènsia Grau, los tildaba de “tontos útiles” o “facilitadores del acuerdo”.

El diputado socialista, Xavier Sabaté, había defendido antes que el acuerdo era necesario “porque tenemos que generar empleo de forma masiva” y defender la mutación que ha sufrido la ley desde que el Gobierno inició el trámite hasta la votación definitiva aprobada ayer.

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, llegó a decir que “la ley que entró, que era neoliberal, ha salido como una ley socialdemócrata” y subrayó que el de BCN World “es un modelo turístico que o lo tienes tú o lo tendrán otros”. El PSC defiende que arrancó de CiU la creación de un órgano de control para evitar el blanqueo de capitales, que los menores no podrán entrar en los casinos —pero podrán ver y oír sus reclamos—, que se limita el impacto urbanístico y se aseguran 47 millones de euros para fondos sociales y de inversión directa en el territorio, que saldrán de las inversiones previstas en el proyecto. De momento se han comprometido a invertir en BCN World las empresas Melco, Hard Rock, Value Retail y Meliá Hoteles.

Ese argumentó no convenció al resto de grupos, que ven en la modificación de la ley un traje a medida de Veremonte. El republicano Pere Aragonès lamentó que la Ley de Centros Recreativos y Turísticos se haya convertido “en un trato de favor” para el impulsor del proyecto y aseguró que las expectativas generadas son “exageradas” y que el Gobierno catalán tendrá todo el poder para desarrollar el urbanismo que quiera sin control parlamentario o de otras instituciones.

Por su parte, Albert Batet, el diputado de CiU que ha defendido la tramitación de la ley, apuntó que “los miedos, las dudas y los interrogantes” que suscita BCN World son los mismos que generó la legislación que permitió la construcción del parque temático de PortAventura. “Si hubiéramos votado así en 1989, no se hubiera hecho PortAventura, que es un modelo de éxito”, afirmó. Batet subrayó que en el planeamiento urbanístico “no habrá vivienda”, a pesar de que Melco, uno de los operadores implicados en el proyecto, así lo ha señalado en un documento en el que explicita el inicio de negociaciones con Veremonte para invertir en Tarragona.