Tres dirigentes valencianos condenados por corrupción y ninguno en la cárcel
Los numerosos casos de corrupción han entrado en la fase de las condenas Ninguno de los sentenciados ha entrado aún en prisión
Después de muchos años de investigación, y a pesar de los retrasos que se derivan de los aforamientos, los abundantes casos de corrupción valencianos han entrado en la fase de los juicios. Y, en varios casos, de las condenas.
En pocos meses han sido condenados a prisión tres dirigentes populares relevantes. Pedro Ángel Hernández Mateo, que fue alcalde de Torrevieja durante dos décadas y diputado autonómico, a tres años de prisión por prevaricación y falsedad. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, a cuatro años de cárcel por delitos fiscales. Y ahora al veterano exconsejero y parlamentario autonómico Rafael Blasco.
Por distintos motivos, sin embargo, ninguno ha entrado en prisión. Ni parece que vayan a hacerlo en un corto plazo.
Fabra y (previsiblemente) Blasco retrasarán su suerte por haber presentado recursos de casación ante el Supremo, que paralizan la ejecución de la pena en tanto se resuelven.
Hernández Mateo lo ha logrado, en cambio, por haber solicitado el indulto al Gobierno. Cuando la pena es igual o inferior a cuatro años, ni los fiscales suelen pedir el ingreso en la cárcel ni los jueces la decretan. Hacerlo, explican, dado el tiempo que el Ejecutivo tarda en resolver las peticiones, puede provocar que si finalmente se concede la medida de gracia quede muy desvirtuada, al haber cumplido el reo buena parte de la pena.
Tal situación, explican fuentes jurídicas, se aplica en todos los casos, no solo en el de personajes conocidos. Aunque estos son los únicos supuestos que trascienden a los medios envueltos normalmente en polémica, insisten.
El precedente de un político valenciano condenado a prisión es el de Luis Fernando Cartagena, que fue alcalde de Orihuela y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana tras llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995. Cartagena fue condenado a cuatro años de cárcel por apropiación indebida. Pero apenas pisó la cárcel.
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