El juez requiere a la Generalitat para que pague a Bankia por el aval al Valencia CF

La entidad financiera que preside José Ignacio Goirigolzarri no está dispuesta a renunciar a la deuda de la Fundación del Valencia CF. El juez ha requerido a la Generalitat para que pague a la entidad financiera por el aval que en su día hizo a la Fundación a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que adquiriera mediante un crédito de 75 millones, luego incrementado hasta 81, el 70% de las acciones del club.

Con la ejecución del aval solicitado por Bankia, el IVF deberá ahora pagar 4.200.667 euros “en concepto de principal e intereses ordinarios y moratoria vencidos” más otros 1.260.000 “que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta”. Contra el auto del juez del Tribunal Superior valenciano cabe recurso.

En agosto de 2013 la Fundación solo abonó 1,2 millones de los 4,8 a los que tenía que hacer frente, lo que motivó que Bankia presentase una demanda para cobrar el resto. A finales de año, el juzgado ya exigió al IVF el pago de la deuda o procedería al embargo, aunque la Generalitat planteó una declinatoria de jurisdicción porque entendía que la instancia no era competente en un asunto que ya estaba siendo abordado por un juzgado de lo contencioso. El juzgado ahora ha desestimado la declinatoria de jurisdicción y se declara competente para ordenar la ejecución del aval para cobrar el resto más los intereses.

El juzgado  se declara competente para ordenar la ejecución del aval

Además, el club mantiene una deuda de 219 millones con Bankia. En 2011 el Valencia vio una oportunidad para salir de su delicada situación al alcanzar un acuerdo con la entidad financiera, que se quedaría con el suelo de Mestalla y de la ciudad deportiva de Paterna a cambio de refinanciar las obras del nuevo estadio y zanjar la deuda que tenía al margen de la Fundación. Pero la intervención de Bankia en 2012 arruinó esa expectativa.

En enero de 2013 se añadió la declaración de insolvencia de la Fundación para devolver el préstamo de la ampliación accionarial. Su entonces presidente, Társilo Piles, trató que la Generalitat ampliara de nuevo el aval con el dinero de la amortización de los intereses, pero el Consell no accedió. La Fundación nunca había hecho nada por pagar el préstamo.

Tras demorar unos meses la decisión, Bankia decidió ejecutar el aval y la Generalitat tuvo que pagar 4,8 millones para cubrir los intereses. Los problemas de esta herencia envenenada, propiciada por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no habían hecho más que empezar para su sucesor, Alberto Fabra. La Generalitat se convertía así en la propietaria del 70% de las acciones del club y se vio abocada a intervenir para tratar de recuperar el dinero y evitar tener que pagar próximos plazos de intereses. Ahora tendrá que hacerlo o, de lo contrario, tendrá que someterse al embargo de sus bienes hasta cubrir el dinero que le requiere Bankia. Además, está pendiente la amortización de los 81 millones del préstamo (40,5 en 2014 y 40,5 en 2015).

Por su parte, fuentes de la Generalitat han asegurado a Europa Press que "en principio no se plantea pagar nada" a Bankia, porque la oferta presentada por el magnate Peter Lim para hacerse con el 70% de las acciones del club "desvincula a la Generalitat del aval y le devuelve los 4,86 millones" que abonó, como avalista, en 2013.

La Generalitat "en principio no se plantea pagar nada" a Bankia,

Según estas mismas fuentes, en el auto del juez "no hay ninguna novedad" respecto a la resolución dictada en diciembre, en la que ese juzgado atendió la demanda ejecutiva presentada por Bankia para que se ejecutase el aval del IVF a su favor por 4,2 millones en concepto de intereses vencidos, más otros 1,26 fijados provisionalmente en concepto de los intereses que puedan devengarse durante el proceso.

Para la Administración valenciana ese fallo "no es compatible con otra resolución que determina que la Generalitat no es avalista", en alusión a la dictada el 19 de diciembre de 2013 (cuatro días antes de que Bankia iniciase esa nueva vía) por la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Valencia, quien acordó la medida cautelar de suspensión de la ejecución del aval.

Esta magistrada ya ordenó en su día la ejecución provisional de la sentencia que declaró nula esa garantía al considerar que iba "en detrimento" de otros socios (a raíz de la denuncia de dos pequeños accionistas en 2010), pero en noviembre de 2013 la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ declaró la nulidad de esas actuaciones por no haber sido parte Bankia.

Mientras tanto, los servicios jurídicos de la Generalitat "están estudiando la situación para ver cuál es la decisión que se toma", aunque se apunta por estas fuentes que con el acuerdo con Lim "quedaría resuelto".