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El trabajo con dependientes de 18.000 auxiliares a expensas de un certificado

El 1 de enero los empleados deben demostrar que cuentan con la formación y la experiencia necesaria. Madrid es la única reglón que aún no ha empezado a entregar las validaciones

Madrid es la única región de España que no han comenzado a entregar certificados de profesionalidad a sus trabajadores de ayuda a domicilio, residencias de ancianos y centros de día, y eso que el 1 de enero de 2015 todos deberán tener su papel acreditativo. Así lo obliga una resolución de 2008 derivada de la Ley de Dependencia. Por eso el nervio empieza a cundir entre los 18.000 empleados (8.000 en asilos y la mayoría mujeres). Quien no esté suficientemente formado deberá recibir un reciclaje de hasta cinco meses. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han pedido una moratoria,  pues consideran que puede sufrirse un colapso en el servicio. Hoy se concentran ante la Consejería de Empleo para pedir explicaciones.

Esta consejería afirma que en abril firmó un acuerdo con la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) que va a asumir parte del proceso de asesoramiento y evaluación de los diferentes candidatos y que en pocas semanas arrancará. También hay convenios con entidades de control de plagas que también necesitan el certificado antes de mediados de 2016.

 Seis años han tenido las comunidades para formar y evaluar a sus trabajadores. Para obtener la cualificación existen tres vías: un título de FP de la rama sociosanitaria; demostrar la asistencia a 200 horas de cursos y 3.000 horas de experiencia, o acudir a módulos de entre 480 y 640 horas con prácticas complementarias. “Necesitamos que salga la convocatoria porque no sabemos qué nos van a exigir. Hay gente que está nerviosa y se ha apuntado a academias -sin saber si el temario va a ajustarse a lo que piden- que te cobran 1.200 euros. ¡Es una barbaridad para personas que ganan 800 euros por jornadas completas!”, se lamenta Raquel Hidalgo, de 45 años. Desde los 31 esta vecina de Parla trabaja en ayuda a domicilio. Se ocupa de cinco “usuarios” a los que ayuda en su aseo personal, gestiones bancarias o con la compra. “¿Si trabajan siete horas? ¿Cuándo van a hacer los cursos?”, se plantea Raquel.

Con la burbuja del ladrillo, las constructoras se metieron en el negocio

Esta ayudante a domicilio ha hecho durante cuatro años infinidad de cursos del INEM, de la Unión Europea, de UGT, sufragados por su empresa… Pero no sabe si le valdrán, porque han pasado más de dos años desde que los terminó. “Tengo compañeras que se han ido a Toledo a sacarse el certificado, pero ya no nos dejan ni eso”, prosigue. “Ya no hay cursos de mejora de empleo en el INEM para las trabajadoras como antes. Son solo para desempleados”, se queja María Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT.

“Si se supone que esta es una forma de homologar para que podamos trabajar en toda la Unión Europea, ¿Por qué no son las bases de la acreditación iguales para todas las comunidades?”, se pregunta Ana del Amo, una de las pioneras en atención. “¿Por qué Andalucía han hecho ya varias convocatorias de acreditación y Madrid ninguna? ¿Hay un negocio detrás?”, prosigue del Amo, que desde principios de los ochenta lucha por la profesionalidad de su oficio. “Las que llevamos muchos años estamos formadas porque nos agrupábamos en asociaciones que daban cursos de reciclaje. Los sindicatos, la Unión Europea… ponían dinero. Pero, con la burbuja del ladrillo, las constructoras se metieron en el negocio y empezaron a contratar a gente que no sabía levantar a un discapacitado, tratar a un enfermo mental…”, cuenta del Amo, deseosa de que por fin se catalogue su oficio. “No todo el mundo sirve. No se trata de socorrer a nadie, sino de ayudar a que sean independientes. Una temporada estuve en paro y no sabían si era un trabajo de sanidad o de limpieza”.

Hay compañeras que

se han ido a Toledo a sacarse el certificado

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