Transparencia

A pocos días de las elecciones europeas y con unos pésimos augurios de participación, me gustaría aportar un granito de arena y explicar a la ciudadanía un tema del que se ha hablado poco pero que puede ayudar a tomar conciencia de la importancia de participar en ellas. Se trata del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI) entre la UE y los EE UU que se está gestando con un secretismo digno de las esferas vaticanas. En junio de 2013 empezaron las negociaciones —esta semana se ha iniciado la quinta ronda— entre el Departamento de Comercio de EE UU y la Comisión Europea, órgano no electo que negocia a espaldas del Parlamento.

En esta negociación no participan ni sindicatos, ni organizaciones ecologistas, ni de consumidores, ni los Gobiernos de los Estados miembros. Sin embargo, según Ecologistas en Acción, de las 130 reuniones previas a las negociaciones, 113 han sido con grupos de presión de la industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, entre otros. De hecho, en la parte europea, la negociación corre a cargo de Karel de Gucht, comisario de Comercio que está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas. ¡Toda una garantía de trasparencia!

La cuestión es, ¿qué objetivo tiene este tratado? Según los promotores mejorará el empleo y el crecimiento económico. Se creará la zona libre de comercio más grande del mundo que representa casi la mitad del PIB mundial y que estará formado por 800 millones de consumidores —que no de ciudadanos—. Afirman que creará dos millones de puestos de trabajo. ¿Cómo piensan hacerlo? Mediante una reducción de los estándares ambientales, sociales y laborales, e incrementando los privilegios de las corporaciones para que puedan seguir haciendo negocio y entrar en el sector público. Es decir, enriqueciéndose desregulando.

Veamos algunas de sus competencias, conocidas por las pocas filtraciones conseguidas: 1. Para conseguir el aumento del comercio, se creará la cláusula de “reconocimiento mutuo” entre los estándares de la UE y de EE UU, es decir, armonizar a la baja la legislación, afectando normas de protección de la salud, del medioambiente o de derechos laborales. Por ejemplo, todos sabemos que la UE adopta el principio de precaución a la hora de comercializar productos que no han demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En cambio en EE UU este principio no existe y aplican la libre comercialización hasta que la evidencia científica no demuestre su carácter nocivo.

Nuestro sistema de salud universal y equitativo se equiparará al de EE UU, donde los derechos sociales básicos no están garantizados

Otro ejemplo, los EE UU no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Eso significa una grave pérdida del control regulador bajo la máxima de “si es bueno para nosotros, ha de ser bueno para ellos”. Así la carne hormonada de libre consumo en USA, o la comercialización de los alimentos transgénicos o la desinfección de los pollos mediante cloro podrán llegar a la UE sin problemas.

2. Se establecerá un mecanismo de solución de controversias entre el inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), es decir una medida de protección de inversiones. Este consistirá en que grandes empresas podrán impugnar en un “tribunal internacional de arbitraje”, las leyes estatales que vayan en contra de sus beneficios. Tenemos ejemplos como el de la aseguradora sanitaria holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia por supuesto “lucro cesante” cuando este país paralizó el proceso de privatización de la sanidad. En definitiva, el Tratado vulnera la libertad de los estados para legislar sobre asuntos sociales, laborables, de salud o ambientales.

3. Los sistemas públicos de salud europeos o de gestión del agua se abrirán a la participación de las empresas estadounidenses. Así los Gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre. Nuestro sistema de salud universal y equitativo se equiparará al modelo de EE UU donde los derechos sociales básicos no están garantizados por el Estado.

En definitiva se trata de un acuerdo que antepone los intereses de las grandes multinacionales a los derechos de la ciudadanía y se gesta sin publicidad ni transparencia ni control democrático. Esta opacidad se traslada también a España ya que el ATCI no ha estado presente en la campaña de los grandes partidos ni lo ha abordado ningún gran medio de comunicación. Sí sabemos que liberales, populares y socialdemócratas están de acuerdo —CiU, PP i PSC-PSOE— y que la Izquierda Plural y Los Verdes están en contra. También sabemos que el Parlamento Europeo puede rechazar el Tratado como ya hizo en 2012 con el ACTA (Acuerdo Internacional de Falsificación) tras las manifestaciones masivas celebradas en diversas capitales europeas.

El próximo domingo es un buen momento para alejar de Europa esas nubes antidemocráticas que nos impiden ver con claridad el proyecto original de paz, cohesión y justicia social.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia