La fiscal pide inhabilitar a los ediles de Santiago: “No defienden lo público”

El caso quedó visto para sentencia y el Gobierno de Santiago pende ahora de ese fallo. Está en manos de lo que decida un joven juez sustituto, Jesús Leal, que debe dirimir si siete ediles de la capital de Galicia —toda la Junta de Gobierno— prevaricaron cuando decidieron cargar al erario público la defensa de un compañero concejal (Adrián Varela) imputado en el caso Pokémon. Tras escuchar a los peritos y testigos, la fiscal Arancha Sanjosé mantiene la petición de inhabilitación especial para ejercer el cargo público durante nueve años a los siete concejales. Su alegato final fue una durísima reprimenda al Gobierno: “Estaban decidiendo pagar el letrado en un asunto de corrupción y lo sabían. Y como tal debe ser tratado este caso. ¿El dinero público está para defender a los corruptos sin condicionantes? [...] Han adoptado un acuerdo ilegal y lo han hecho de forma patente, clamorosa. Pedimos inhabilitación para seguir gestionando el interés público porque no lo defienden bien”.

El argumento del ministerio público es que el acuerdo de la Junta de Gobierno el 30 de mayo de 2013 que facultaba a la institución para pagar la minuta de la defensa del edil era un cheque en blanco que establecía un contrato entre el Ayuntamiento y el letrado Javier Míguez Poza, exjuez decano de Santiago. Según esta tesis, la que ha defendido la fiscalía desde que estalló el caso y que ha obtenido el respaldo de una juez de instrucción y de la Audiencia Provincial de A Coruña hasta llegar a juicio, esa mitad del Gobierno municipal que aprobó la moción lo hizo ignorando el informe del secretario municipal que pedía establecer tres salvedades a ese pago basándose en la jurisprudencia del Supremo: que el edil saliese inocente del caso Pokémon, que la acusación fuese por razones derivadas del ejercicio de su cargo y no contraviniesen el interés público.

Ninguno de esos tres requisitos figuran en la parte dispositiva del polémico acuerdo de gobierno. Pero los ediles y su defensa argumentaron que la propia petición del concejal Adrián Varela invocaba ya la jurisprudencia del Supremo y el informe del secretario municipal —pese a que todavía no estaba plasmado por escrito cuando el edil solicitó la ayuda económica— y que el acuerdo del pleno cita esa reclamación en el acta. Además, los ediles interrogados sostuvieron que solo sabían de las acusaciones contra su compañero “por la prensa”. Y la prensa a veces se equivoca, defendieron varios de ellos.

Los ediles procesados coincidieron en que aquella resolución no facultaba al Ayuntamiento a pagar la minuta sino que requería de otro acuerdo posterior con informe de Intervención. A esa tesis se apuntó uno de los testigos de la defensa, el letrado jefe de la Diputación de A Coruña, Ramón Valentín López Rey, —firmante de un dictamen a posterior que avala la legalidad de la actuación municipal— y quien ayer aseguró que el acuerdo es irrelevante. El secretario municipal de Santiago Juan Salguero aseguró que la decisión del gobierno local no vulneró la ley. Y su antecesor, Javier Castiñeira, que fue cesado por el Gobierno del PP y testigo de la fiscalía, aseguró que es “interpretable” que dicha resolución conlleve la obligación de pagar. Otros testigos (entre ellos el vicesecretario municipal presente en la reunión que dio luz al acuerdo sin fjar ningún reparo) hicieron aseveraciones similares. Esa disparidad de criterios abonó la tesis del abogado de la defensa, Pablo Rodríguez-Mourullo, quien aseveró que la divergencia en las interpretaciones descarta la prevaricación.