El PP incorpora a los altos cargos de la Junta en la ley de Transparencia

El grupo popular ha enmendado de cabo a rabo el proyecto de ley de Transparencia remitido por el Gobierno andaluz de coalición al Parlamento, que superó a finales de marzo el debate de totalidad en un ambiente de voluntad negociadora. El PP ha presentado 92 enmiendas parciales, un gran número de ellas destinadas a incorporar el código de buen gobierno que afecta a los altos cargos de la Administración. Al contrario que la ley estatal, el Ejecutivo andaluz deja al margen de la ley regional de Transparencia Pública todo lo relacionado con los altos cargos, porque entiende que debe hacerse en otra norma.

Los populares incluyen principios rectores que deben seguir los equipos directivos de las consejerías y empresas públicas y detalla una serie de infracciones, como omitir el trámite de intervención previa de los gastos, con su correspondiente capítulo de sanciones. En este apartado precisa una serie de comportamientos generales del buen gobierno, como el de no aceptar regalos “que superen los usos de cortesía”.

El martes próximo se reunirá por primera vez la ponencia parlamentaria para estudiar las enmiendas. El PSOE, que con Izquierda Unida tiene mayoría absoluta en Cámara, aún no ha decidido si abrirá el abanico de competencias de la ley, como persigue el PP. IU no pone ningún impedimento a ello y considera razonable la propuesta de los populares, según fuentes de este grupo. Los diputados Rafael Salas (PP), Verónica Pérez (PSOE) y José Antonio Castro (IU) serán los ponentes.

Izquierda Unida no

Los populares, en otro paquete de enmiendas, amplían la información que deben hacer pública la Administración de la Junta y sus entes instrumentales. La mayoría de ellas son conocidas, porque han sido reclamadas, sin éxito, desde hace varias legislaturas por el PP. Así, quieren que sea obligatoria la información sobre las “relaciones laborales y contractuales que los cónyuges, parejas de hecho inscritas o familiares hasta el segundo grado civil de sus altos cargos y asimilados tengan” con la Administración regional y sus entidades instrumentales. También piden datos de las relaciones de puestos de trabajo, de las retribuciones de “todo tipo de personal” y que las declaraciones de renta de los altos cargos sean públicas como en un futuro serán las de los diputados andaluces.

El PP es muy minucioso en sus enmiendas de ampliación de la publicidad de la Administración. Así, quiere que los currículos profesionales de los altos cargos sean públicos y los contratos de alta dirección de todo el personal directivo. También exige información estadística de la evolución del empleo público de cualquier naturaleza y un inventario de todos los bienes inmuebles de los que disponga o haga uso la Administración andaluza a través del alquiler.

Otras propuestas del PP blindan la capacidad de autorganización de los Ayuntamientos y Diputaciones, que tendrán dos años para aplicar la ley, en razón del respeto a la autonomía local, según la justificación del PP.

Los grupos desoyen la petición de eliminar el Consejo de Transparencia

Los populares también quieren reforzar el papel de los funcionarios de carrera en las comisiones de transparencia, así como el de la Inspección General de Servicios.

El PP coincide con IU en ampliar la comisión de Transparencia a representantes del Defensor del Pueblo y de la Cámara de Cuentas. Pero ningún grupo ha hecho caso a la demanda de varios agentes sociales en el Parlamento de eliminar el Consejo de Transparencia. Otra coincidencia de PP e IU es la de exigir mayor información de las causas y motivos por los que una ayuda pública puede tener carácter excepcional.

IU, que ha registrado 19 enmiendas, incluye entre las entidades que deben dar información pública a las “iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de entidades religiosas”. Además, defiende que la publicidad activa no sólo debe afectar a las subvenciones o ayudas que se reciban, sino también “a cualquier otra ayuda de carácter económico que adopten otras fórmulas jurídicas, como las desgravaciones y exenciones fiscales o las bonificaciones a la Seguridad Social”. Otras enmiendas de IU apuestan por “eliminar el pago de exacciones” (impuestos) por obtener la información y por impedir que se niegue documentación “por la imposibilidad de pagar” las tasas que se aprueban.

Las 21 enmiendas registradas por el grupo socialista son de carácter técnico.