Puig y Fabra convierten el proyecto Castor en un arma electoral arrojadiza

El proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas ubicado a 21,6 kilómetros de la costa de Vinaròs y que ha tenido un coste de 1.702 millones de euros, ha entrado de lleno en la campaña electoral. Los populares valencianos han encontrado la mejor excusa para acusar a los socialistas de algo que llevan cargando ellos sobre sus espaldas en los últimos años: el despilfarro.

El PSPV apeló este jueves a que los primeros pasos del proyecto se dieron con Aznar y fue abrazado por los responsables de la Generalitat, omitiendo que fue el ejecutivo de Zapatero quien tramitó todo el proyecto. Mientras, Alberto Fabra pide depurar responsabilidades pese a que la Generalitat no advirtió de la necesidad de realizar estudios sísmicos como sí hicieron otros colectivos y recomendó el Gobierno catalán. Este jueves, unos y otros, se lanzaron el Castor como arma arrojadiza electoral.

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, no asumió que el Ejecutivo de Zapatero hiciera algo mal después de conocerse que la Fiscalía se querellará contra quien firmó la declaración de impacto ambiental sin los informes sísmicos necesarios. “Si alguien ha cometido alguna ilegalidad, habrá que llegar hasta las últimas consecuencias”, se limitó a decir durante un desayuno informativo en Castellón.

El trajín electoral llevó al presidente del Consell, Alberto Fabra, a Vinaròs, el municipio que sufrió los más de 500 terremotos que alarmaron a la población en septiembre del pasado año. Allí pidió responsabilidades: “Fue el Gobierno socialista quien dio la autorización (…), que pidan perdón a toda la gente de la provincia de Castellón y de España”. Allí estuvo también el presidente del PP provincial, Javier Moliner, que elevó el tono de los reproches: “El despilfarro en esta provincia tiene nombre de Castor, 1.800 millones tirados al fondo del mar en la mayor inversión en la historia de esta provincia”.

Fue en 1998 cuando se otorgó el permiso de investigación de hidrocarburos Castor a una empresa canadiense. El permiso se cedió a Escal UGS en 2003 y en 2006 solicitó la concesión de explotación del almacén subterráneo que le fue concedido por real decreto en 2008 firmado por el ministro socialista Miguel Sebastián. En noviembre de 2009 se aprobó la declaración de impacto que dio vía libre al proyecto sin requerir los informes sísmicos necesarios, según ha constatado la fiscalía en la querella que prepara por prevaricación ambiental.

Fabra manifestó que su postura no ha cambiado y que siguen exigiendo el cierre de la planta y su desmantelamiento “si los informes confirman que hay relación directa entre la planta y los movimientos sísmicos”. Pero los informes, los dos que solicitó el ministerio de Industria, concluyeron hace tiempo que sí fue el causante y ahora ha pedido nuevos informes y pospuesto la decisión.

Este extremo ha propiciado una ruptura entre los alcaldes del PP que en plena crisis de los seísmos lideraron las protestas. Ni el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista, ni el de Peñíscola, Andrés Martínez, acudieron ayer a la reunión convocada por su homólogo en Benicarló, Marcelino Domingo, también portavoz de los ayuntamientos afectados para exigir al ministerio toda la información sobre el proyecto.

Marcelino Domingo, en declaraciones a la Cadena SER, manifestó que había un acuerdo para reunirse cada vez que hubiera algo importante referente al proyecto. “Que cada cual sea consecuente con sus acciones”, dijo. Además, reconoció que tomar esta posición (la más dura dentro del PP valenciano) “es muy difícil dentro del partido”.

Al encuentro sí acudieron los alcaldes de Alcanar, Ulldecona y Sant Carles de la Ràpita. Todos, junto el de Benicarló, reprocharon al ministerio que no les haya enviado el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que concluyó la “relación directa” con los seísmos y acordaron mandar un escrito para reclamar “contundentemente” información al Gobierno.