El Gobierno intenta reducir por ley un 15% el gasto electoral de los partidos
Beltrán de Heredia quiere que la quinta reforma de la Ley Electoral sea aprobada por el Parlamento antes de los próximos comicios autonómicos
Tras año y medio con escasos proyectos legislativos enviados al Parlamento, el Gobierno ha aprobado este mes elevar al Legislativo dos, uno por cada reunión semanal del equipo de Iñigo Urkullu. Este martes ha sido el turno de la reforma de la Ley Electoral, que supondrá la quinta modificación de la ley aprobada en 1990, con cambios impulsados por el propio Gobierno u obligados por la reforma de la normativa estatal en 2011.
Una de sus principales medidas es la intención de contener el gasto destinado a la campaña electoral por parte de los partidos en un 15% y limita la propaganda en precampaña aunque congela las subvenciones electorales.La futura normativa -está a expensas de los cambios que se produzcan en su tramitación parlamentaria- restringe la elegibilidad a quienes ostenten un cargo en EiTB o en sociedades públicas y levanta el veto a la candidatura de personas que ocupan puestos con rango de subdirector o delegado territorial del Ejecutivo autonómico.
En plena campaña para las elecciones europeas, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia ha resaltado que el proyecto legal busca reforzar la "igualdad y la neutralidad" de las citas electorales vascas. Y es que la normativa, cuyo detalle fue avanzado por este diario el pasado mes de diciembre, recoge además cambios vinculados a mejorar ciertos aspectos que afectan a colectivos como el de las mujeres o los discapacitados. En el caso de las mujeres, quedarán eximidas de participar en las mesas electorales si están embarazadas o en periodo de lactancia. Para los discapacitados se establecen medidas que reduzcan sus dificultades para participar en una mesa -con intérpretes de lengua de signos- o para votar -con papeletas en Braille-.
El proyecto legal iniciará ahora los trámites parlamentarios, en los que los partidos deberán negociar los cambios propuestos para refrendar el articulado final. La consejera de Seguridad ha calculado que la reforma pueda estar en vigor para las próximas elecciones autonómicas, que están previstas para finales del año 2016.
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