Marcial Dorado, al juez: “Seguiré en pie porque todo lo que tengo es legal”

“Por mucho que me hundan y por mucho que quieran hacer conmigo, seguiré de pie porque todo lo que tengo es legal y transparente”, proclamó ayer el contrabandista Marcial Dorado al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por blanquear 22 millones de euros, intervenidos en dinero y patrimonio en 2004 tras su detención por narcotráfico. La esperada declaración de Dorado se inició con el interrogatorio de la fiscal, Cristina Toro, que provocó algunas encendidas contestaciones del acusado cuando se le preguntó por el origen del dinero. Dorado llegó a afirmar que su vinculación con el tabaco fue legal y en ningún momento se refirió a su actividad como “contrabandista”.

 Tratando de desmontar la tesis de la fiscalía de que toda su fortuna procede del narcotráfico, Dorado insistió una y otra vez en que trabajó como importador de tabaco legal cuando no era delito en España y como apoderado de un holding de inversión suizo. “Todo legal. Traía el tabaco y lo vendía a personas legales desde 1978, nunca narcotraficantes, y gané muchísimo dinero que invertí en mis empresas”, afirmó el contrabandista que en los años noventa, en pleno florecimiento del negocio, mantuvo una estrecha amistad con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “Es usted, señoría, la que dice que el dinero es ilícito y no sé por qué me hacen esto. Jamás me he dedicado al narcotráfico. Le he jurado a mi hijo pequeño que jamás lo he hecho, que lo demostraré y que siempre lo negaré, porque, por mucho que ustedes quieran, todo eso es falso”, declaró en tono crispado.

La fiscal le fue preguntando por su relación con cada uno de los acusados para pasar a la compra de la sociedad matriz, Programallo, con domicilio social en Vilagarcía. Dorado negó haber conocido al agente de Aduanas Eugenio Fontenla, acusado de pasar información confidencial al contrabandista a través del guardia civil Sánchez Zabala, también imputado en este proceso por blanqueo y revelación de secretos. “No lo veía nunca”, dijo. Aparentemente tranquilo, Dorado fue interrumpido en varias ocasiones mientras se solventaban continuos fallos técnicos de la megafonía en la sala de audiencias, momentos que aprovechó para recurrir al botellín de agua.

Tras reanudarse la sesión, la fiscal pasó a interrogarle sobre las empresas navieras que, según la acusación, utilizó para construir embarcaciones de alta velocidad a fin de operar en el narcotráfico, como Astilleros Hércules y Gallega Off Shore, con base en Ferrol, aunque Dorado dijo que esta última nunca fue suya. Sobre la inversora Masol Aktiengesellschaft de Liechtenstein, admitió que anualmente renovaba su participación como apoderado de esta empresa aunque su domicilio estaba en Vilagarcía, donde compró un párking y un edificio en la calle Doctor Tourón con dinero procedente de Suiza. “Pero todo justificado”, aclaró. Del llamado “grupo Marcial” solo reconoció ser apoderado de aproximadamente la mitad de las empresas del entramado y aseguró que desconocía incluso la existencia de algunas que aparecen en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera tanto en el extranjero como en España. “Residí en Suiza y desde los holdings bancarios con los que trabajaba se hacían las transferencias a las compañías del grupo, dinero que procedía de la importación de tabaco que era un negocio lícito porque todas mis empresas lo eran”, dijo. Reconoció su vinculación con el gestor de fortunas suizo Vincenzo Liparulo para controlar y reinvertir fondos bancarios. También admitió ingresos en metálico en BNP Paribas de hasta 3,2 millones de euros en diciembre de 1997. “Ese dinero era de los grandes beneficios de los cargamentos de tabaco y la gestión para obtener máximos rendimientos se la había asignado a Liparulo”, se defendió.

El acusado afirmó que todo el dinero que había en Suiza pertenecía al holding, pero él solo era un inversor . “Yo no soy el dueño de todo, soy solo apoderado”, insistió ante las incisivas preguntas de la fiscal, que trataba de arrancarle una respuesta aclaratoria sobre la propiedad del patrimonio intervenido. El acusado repitió constantemente que eran los gestores y las empresas suizas las que movían el dinero. “A mi nombre no se compró nada”, señaló. “El dinero es muy lícito y hasta que me quede un hálito de vida lo seguiré diciendo”. “Se me rechazó una inversión importante en A Illa de Arousa y al final invertí el dinero en la compra de una fábrica de aceite en Marruecos”, dijo al tribunal. También admitió la compra de una finca en Portugal con una plantación de vino, Quinta do Feital, por 50 millones de escudos, “No recuerdo desde cuándo es mía. No me diga nada, porque no lo recuerdo, pasaron muchos años desde 1990”, alegó.

“Yo siempre invertí el dinero que ganaban mis empresas, y desde que fui detenido dábamos asco, señoría, puestos delante de las puertas de los bancos porque no nos daban nada. Lo que gané es producto de negocios como gasolineras, gracias a los préstamos suizos. El entramado que dice usted se refiere a Petrogalicia, un proyecto de 900 millones de pesetas para hacer un puerto deportivo en A Illa que nunca se llegó a hacer. Se compraron varias fincas, por eso se constituye la compañía Global Taunt”, explicó.“Mi firma va en todas las compañías, no hay ocultación y no permito que nadie diga lo contrario. Igual que con los préstamos, que había que hacerlos como Dios manda y justificarlos ante Hacienda en España y en Suiza”.

En cuanto a los décimos de lotería por valor de medio millón de euros que ganó en 1998 y que sirven como prueba de blanqueo —contra él y contra sus tres hijos — Dorado no reprimió su enfado. “Llevo 20 o 30 años comprando lotería en el bar La Chabola, que vende boletos del equipo [de fútbol] del Céltiga, y me alegré de que tocara en la isla. Cuando me dijeron que me acusaban de hacer una falsificación es para una película, para dar un infarto y reventar”, reprochó a la fiscal.

La declaración de Dorado continuará hoy con el interrogatorio de los más de 16 letrados de las defensas, que intentarán contrarrestar el escrito de acusación por el que al contrabandista le piden 15 años de cárcel y el decomiso de todo su patrimonio.