Alaya asume parte de la investigación de las ayudas para cursos de formación

La juez Mercedes Alaya suma un nuevo caso —de momento, un melón por abrir— a las numerosas e importantes investigaciones que lleva adelante. Se encargará de investigar las supuestas irregularidades en el reparto de fondos de formación para el empleo. De momento, Alaya deberá analizar la discrecionalidad de las subvenciones otorgadas a la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en 2009 y 2010, ayudas que ascendieron a 49,5 millones de euros durante esos dos ejercicios.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, la Policía Judicial y la Fiscalía Superior de esta comunidad autónoma han detectado varias irregularidades en el reparto de fondos para cursos de formación para el empleo. En un decreto firmado a finales de abril, la Fiscalía Superior consideró que eran “numerosas, persistentes y graves” esas irregularidades y apuntó que podría tratarse de hechos delictivos.

Como punto de partida, la Fiscalía Superior tomó un informe de la Cámara de Cuentas y otro análisis policial. Abordó el caso concreto de la Faffe, un ente público dependiente de la antigua Consejería de Empleo, que desapareció en mayo de 2011. Tras analizar los expedientes sobre subvenciones de los que se benefició la Faffe, el Ministerio Público consideró que serían necesarias “numerosas aclaraciones que debieran tener lugar en sede judicial”. Recordaba que, “a pesar de su elevada cuantía” —casi 50 millones de euros—, no existe “documentación justificativa” de los expedientes de 2009 y 2010. Por otro lado, se apuntaba a una empresa, vinculada al sindicato UGT, que también se habría beneficiado de fondos de formación.

La Fiscalía Superior de Andalucía remitió su decreto y los informes de la Cámara de Cuentas y de la policía a sus compañeros de Sevilla para que determinaran si las irregularidades detectadas debían incorporarse a alguna investigación que estuviera en marcha o si se debían abrir nuevas diligencias. Y la Fiscalía de Sevilla ha decidido este martes repartir este asunto entre dos juzgados de instrucción de la capital, al entender que son hechos vinculados a casos que ya están investigándose.

Por un lado, del caso de la empresa vinculada a UGT se encargará el Juzgado de Instrucción 9, que ya investiga las supuestas facturas falsas de esta central sindical. Por otro, el caso de la Faffe lo asumirá el juzgado de Alaya, al entender la fiscalía sevillana que guarda relación con otras investigaciones abiertas por la magistrada.

Sobre la Faffe, la Fiscalía Superior apuntó la paradoja que supuso que, tras la desaparición de este ente público, el Servicio Andaluz de Empleo se subrrogase todas las obligaciones y derechos de esta fundación. “El órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas”, señala el decreto de la fiscalía. Este paso, en principio, no contaría con cobertura legal. Además, el ministerio público remacha que la Faffe recibió el último pago de los comprometidos a principios de abril de 2011, un mes antes de desaparecer. “Resultaría fundamental determinar con claridad el destino que se ha dado a los fondos”, apunta la Fiscalía Superior. De esa labor se tendrían que encargar los fiscales de Sevilla.

En el decreto de la Fiscalía Superior también se incidía en las “numerosas irregularidades” en el plan formativo de los extrabajadores de Delphi, que ascendió a 52 millones de euros, y que afecta parcialmente a la Faffe.

Tras conocerse que Alaya asumirá parte de la investigación sobre los fondos de formación, el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha insistido en que su partido no descarta una comisión de investigación en el Parlamento sobre la Faffe. Según dijo, IU es “garantía” de que se “sabrá la verdad” de lo sucedido con la Faffe.