El alcalde ordena abrir una investigación en el Ayuntamiento de Santiago

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, ha pedido a su asesor jurídico que abra una investigación interna para cotejar si la concesión, por parte del anterior gobierno, del servicio de autobuses urbanos a la empresa Monbus se hizo acorde a los pliegos de la concesión. Esta operación fue realizada en el año 2005 cuando era alcalde el socialista Sánchez Bugallo.

Esta investigación se abre tras conocerse que el 12 de mayo de 2010, el hijo de Gerardo Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, y la abogada de Monbus María del Carmen Carballedo Fernández elevaron a escritura pública el traspaso al grupo gallego del 49% de la UTE Autobuses Urbanos de Lugo, SA y TRAPSA, a cambio de 1,2 millones de euros. Y el 13 de diciembre de ese mismo año se completó la transmisión en escritura del 1% restante de la UTE por un importe de 24.489 euros. Ese día Raúl López, dueño del conglomerado, empezó a figurar en los papeles como propietario único de la firma que gestionaba el transporte público de Santiago , pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía revela en un atestado que la operación se fraguó mucho antes. Tanto la policía como el juez Eloy Velasco tienen en su poder dos contratos privados en los que figuran las firmas de Raúl López y Gerardo Díaz Ferrán con fecha 1 de diciembre de 2009 y que ya pactaba aquella operación. En el primero de ellos, que detalla ventas por 4,2 millones del expresidente de la patronal al propietario de Monbus, Díaz Ferrán pactaba entregar, entre otros activos, el 49% de sus participaciones en la UTE a López a cambio de 1,2 millones.

Pero hay un segundo documento, también con la firma de López y Díaz Ferrán, el mismo 1 de diciembre de 2009, que complementa y explica el anterior. En su cláusula segunda ese documento explica: “Que las partes reconocen que a pesar de que en la referida transmisión se hace mención al 49% de la participación en dicha UTE titularidad de Trapsa y que será en los mismos términos en los que se eleve a público el citado negocio, en realidad se valora y traspasa el 50% de dicha participación conservando Trapsa el 1% restante a efectos meramente formales y para permitir que no sea necesaria la autorización por parte del Concello de Santiago a cambio de concesionario del servicio público de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Santiago”. Fuentes de la investigación consultadas por EL PAÍS afirman que no tienen “ninguna duda” sobre la autenticidad de esos dos contratos privados y así lo han ratificado a este diario.