Las sentencias a favor de los monitores de colegios se extienden a Cádiz

Los monitores en lucha siguen acumulando victorias. El colectivo de administrativos que servían de apoyo en los colegios de públicos de Andalucía ha conseguido otra sentencia favorable a sus intereses. La acaba de dictar un juzgado de lo social de Cádiz. Sin la contundencia de fallos anteriores en Córdoba, la resolución es la misma: la contratación por empresas de trabajo temporal fue una cesión ilegal de empleados y su despido durante este curso fue improcedente. La Consejería de Educación ya anunció que no recurrirá y que todos los que tengan una resolución judicial favorable serán readmitidos en sus puestos ya como personal indefinido discontinuo de la Junta.

Educación decidió en 2006 reforzar la presencia de administrativos en los colegios y encargó esa tarea al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) que, a su vez, encargó estas contrataciones a empresas de trabajo temporal. Durante estos años este colectivo, que ha llegado a sumar 840 personas, estuvo trabajando para diferentes compañías, cobrando por horas y a muy bajos salarios. Una situación que la Inspección de Trabajo denunció el año pasado y que llevó a la Junta a prescindir de todos. Tras meses de movilizaciones, los afectados denunciaron. Las primeras sentencias se conocieron en Córdoba. 16 afectados consiguieron que los juzgados declarasen sus despidos como improcedentes y que si situación laboral fuera considerada una cesión ilegal de trabajadores. Algunas de esas sentencias llegaban a comparar sus contrataciones con el esclavismo.

Ahora las sentencias han llegado a Cádiz. 34 de los 38 monitores que denunciaron han conseguido la misma resolución judicial que sus compañeros de Córdoba. Cuatro no han sido atendidos porque seguían en sus puestos. Pero para la gran mayoría el juzgado de lo social determina que ha habido cesión ilegal de trabajadores y despido improcedente. Al igual que en Córdoba, insta a su readmisión o, en su caso, una indemnización económica acorde con los años trabajados. Pero Educación se ha comprometido con el colectivo a no recurrir y a readmitirles cuanto antes. Es algo que se anuncia como inminente en Córdoba.

La sentencia de Cádiz, con fecha del cinco de mayo, fija cinco días como el plazo para que la Consejería de Educación les readmita, además de pagarle los salarios no recibidos desde sus ceses, con cantidades que van desde los 1.500 euros hasta los casi 8.000. Este fallo judicial evita las comparaciones y juicios de valor de la llamativa sentencia de Córdoba. Pero, en su conclusión es igual de contundente. “La Consejería fue el único empresario para estos trabajadores. Las otras empresas, bajo la apariencia documental, realizó una contratación, obtuvo unos fondos del verdadero empresario que repartió entre su propio beneficio y los gastos para mantener esa ficción”.

Los afectados se congratularon de esta decisión judicial y animaron a la Junta de Andalucía a no apurar los plazos y a formalizar la readmisión prometida cuanto antes.