Un juez impide que los alcaldes financien a una entidad soberanista

La justicia ha dado un varapalo a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) que dirige el alcalde por CiU de Vic, Josep María Vila d'Abadal. El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Girona ha dictado una sentencia en la que anula el acuerdo del Consistorio de Garriguella (Alt Empordà), también gobernado por CiU, para pagar una cuota anual de 75 euros a la entidad. El juez sostiene que los Ayuntamientos no pueden destinar fondos públicos a intereses y proyectos que exceden al ámbito de sus competencias. Esta es la primera sentencia que se emite en el conflicto que mantiene la Delegación del Gobierno en Cataluña y los 692 Consistorios, 38 consejos comarcales y dos diputaciones adheridas a la AMI.

La sentencia descansa en la Ley de Bases de Régimen Local, que detalla las competencias municipales. Considera que el Ayuntamiento afectado ha hecho una lectura equivocada de la Constitución cuando define que los municipios gozarán de "autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". "Resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía. En ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución", señala el texto en alusión al epígrafe que apela a la "indivisible" unidad de España.

La entidad, cuya legalidad no cuestionan los Abogados del Estado ni el juez, se financia con los fondos de los municipios, que transfieren una cuota proporcional a su población. Garriguella (900 habitantes), es uno de los más pequeños, pero Vic, por ejemplo, destina 3.600. Llanos de Luna, delegada del Gobierno, ha ordenado cursar otros 34 recursos contra Ayuntamientos adheridos y la lista crecerá en cuanto examine las actas de los Plenos que autorizaron el pago.

La sentencia de Garriguella se inscribe en la batalla jurídica que la delegada mantiene con los Ayuntamientos secesionistas. En total, han cursado 270 procedimientos: 35 contra la AMI; 80 por la denominada guerra de banderas; un centenar contra los que han declarado la "soberanía fiscal" (traspasan sus tributos a la Generalitat) y 60 que se definen como territorio "libre y soberano".

El juez también acepta la impugnación del Abogado del Estado que denunciaba que el Ayuntamiento no había consignado la partida para la AMI en sus Presupuestos. En sus fundamentos, el magistrado apela a una sentencia del Supremo, que consideró nulo un acuerdo de un Ayuntamiento vasco de donar fondos a la entidad municipalista Udalbitza. De igual modo, cita la resolución que condenó que los Ayuntamientos de Girona y Figueres organizaran trenes para acudir a la Diada de 2012 porque no beneficiaban a los vecinos en su conjunto.

La AMI aseguró que no tiene constancia de la sentencia y prefirió aplazar cualquier valoración. La entidad considera absurdo que la Delegación del Gobierno intervenga en decisiones municipales al tiempo que lamenta que poner en marcha la maquinaria del Estado es mucho más costoso que los 75 euros que fijó de cuota el Ayuntamiento de Garriguella.