La fiscalía destapa un caso de corrupción en las obras del AVE a Barcelona

Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo sospecha. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de Adif (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria de las obras para construir un tramo de las vías junto a la futura estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona. Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento.

La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras.

Entre los nueve detenidos, el de mayor rango es Rafael R. G., que desde enero ejerce como director de proyectos y construcción de Adif, dependiente del Ministerio de Fomento. En la época de los hechos que se investigan, Rafael R. G. era el director de la línea noreste, es decir, del tramo de alta velocidad que discurre entre Barcelona y la frontera francesa. Su mano derecha era entonces, según la investigación, Jaime G. L., gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea, que también fue detenido.

La operación arrancó pocos minutos antes de las ocho de la mañana, y de manera simultánea en Madrid y Barcelona. A esa hora, agentes de la Guardia Civil aparcaban sus coches frente a la puerta de la sede central de Adif, en la calle Sor Ángela de la Cruz de Madrid. Allí, los guardias examinaron el despacho de Rafael R. G., donde además de los “documentos para preparar los artificios usados para falsear las mediciones”, buscaban pruebas sobre “posibles dádivas a funcionarios”, según Anticorrupción. Una de ellas había sido ya previamente constatada por los investigadores: Corsan pagó, presuntamente, un viaje de placer a Jaime G. L. —ingeniero de caminos, canales y puertos— a las pistas de esquí de Aspen, en Colorado (Estados Unidos).

Nueve detenidos por presunta malversación en las obras AVE

A la misma hora, en Barcelona, diversos agentes irrumpían en unas oficinas que la empresa pública posee en la calle de Baixada de la Sagrera, junto a las obras del AVE de la estación que recibe el mismo nombre. Además, registraban cinco domicilios de algunos de los detenidos. Entre ellos, el delegado de Corsan en Barcelona, Marino V., al que detuvieron y posteriormente trasladaron a la sede de la empresa en la ciudad catalana, en la calle de Rosselló, para registrarla con él presente. La actuación de la Guardia Civil duró todo el día, y sigue abierta. Está previsto que una treintena de agentes desplazados de Barcelona a Madrid permanezcan en la capital hasta el miércoles.

Los investigadores buscan ahora más pruebas que sustenten la sospecha de que empleados de Adif y Corsan actuaron “en connivencia” para “alterar repeditamente las mediciones técnicas de los trabajos” y, posteriormente, “falsear las certificaciones oficiales”, según fuentes del caso. Esas certificaciones se sucedieron mensualmente durante los años que duraron los trabajos en el tramo de vía entre Sagrera y Trinidad, entre 2008 y 2012. Un ejemplo: el jefe de obras certificó que, en un solo día, se realizaron movimientos de tierras que, dado su volumen, solo podían haberse finalizado en un periodo de tiempo mucho más amplio.

La Fiscalía Anticorrupción inició el caso hace alrededor de un año a raíz de las revelaciones de un empresario de la competencia de Corsan, que denunció un cúmulo de irregularidades en la gestión del AVE en Barcelona. Anticorrupción tiró del hilo e interpuso una querella. La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía —que también investigó el caso ITV, en el que está implicado el diputado de CiU Oriol Pujol Ferrusola— acordó la intervención de númerosos teléfonos, así como los registros y las detenciones practicadas.

Las obras que están bajo la lupa judicial arrancan en 2008, en la etapa en la que la socialista Magdalena Álvarez estaba al frente de Fomento. En marzo de ese año, la constructora Corsan-Corviam resultó ganadora de un concurso público que adjudicó la construcción de la plataforma del AVE entre la estación de la Sagrera —aún por construir, será la mayor de Barcelona— y el nudo de la Trinidad. A la obra civil concurrieron ocho grandes empresas, entre ellas Acciona, Dragados, Tecsa, Copisa, Ferrovial y OHL, entre otras.

Nueve detenidos por presunta malversación en las obras AVE

El presupuesto base de licitación de esos trabajos, según el BOE, era de 98,6 millones de euros. La adjudicación, sin embargo, fue a parar a manos del contratista por un importe de 67,9 millones. La oferta, según los investigadores, podría ser anormalmente baja —lo que técnicamente se conoce como baja temeraria—, una circunstancia que podría explicar las irregularidades posteriores: la empresa acaba gastando en la obra más de lo que había dicho inicialmente y se ve en la necesidad de recuperarlo con sobreprecios por trabajos ficticios.

Anticorrupción admitió en una nota que “la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades”. Los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo consideran, por ahora, que la clave del caso son las certificaciones de obra, y cómo se movían “cifras entre las distintas partidas” para justificar los trabajos. Según fuentes de la investigación, los implicados trataron de ocultar, mediante distintos artificios, que habían falseado esas certificaciones.

Corsan aseguró a través de un comunicado que va a prestar “su total colaboración con la justicia” y que “no va a realizar ningún comentario”, debido al secreto de sumario judicial. Adif también emitió una nota pública en la que asegura que colabora con la investigación desde el pasado verano —cuando la Fiscalía le requirió una serie de documentación— ya que es “la primera interesada en su esclarecimiento”. Una idea que repitió también la ministra de Fomento, Ana Pastor, de quien depende Adif. “Estamos para colaborar” aseguró además de pedir a Adif que suspenda temporalmente de funciones a los detenidos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recalcó que la investigación afecta a adjudicaciones hechas “años atrás”. Rosa Díez, de UPyD, pidió a través de una pregunta parlamentaria que el Gobierno revise otras adjudicaciones de Adif.