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El TSJ obliga de nuevo al Consell a informar sobre un contrato

EU logra el amparo del tribunal para conocer un contrato de Educación con Taroncher

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obliga a la Consejería de Educación a entregar a Esquerra Unida (EU) la documentación solicitada referente a un contrato de la Consejería de Educación con la empresa DV-Cuatro SL, creada por los hijos de José Miguel Pérez Taroncher, amigo del consejero de Gobernación, Serafín Castellano.

El portavoz adjunto de EU en las Cortes Valencianas, Lluís Torró, señala, que la consejera María José Català le informó a través de una respuesta parlamentaria que Educación efectuó un contrato menor en 2011 por ese importe con esa empresa, como “reparación, carpintería, metal, instalación eléctrica y pintura”, sin especificar más.

Torró pidió copia del expediente de la aprobación del gasto de ese contrato menor, pero la consejería no lo entregó y la formación decidió acudir a los tribunales “hartos” de que les “tomen el pelo” y no se les facilite información, lo cual levanta “sospechas” de que hay algo “turbio”.

Según la formación, la empresa DV-Cuatro SL se creó en 2009, “al estallar el caso Taroncher” sobre adjudicaciones de contratos por parte de Serafín Castellano a esa empresa, y en ella figuran como administradores los hijos de Taroncher y consta que tiene dos empleados fijos.

Torró aplaude la sentencia emitida ahora, “la cuarta que confirma la opacidad de la consejera Català”, y apunta que llega “después de que ella contestara, más de un año después de habérselo pedido EU, y confirmara una factura de casi 75.000 euros.

El diputado asevera que, durante el tiempo que esperaron respuesta, “quedó constancia de que Català escondió dos contratos menores de esta empresa, alimentando de nuevo la idea de que todo el que rodea el caso Taroncher es poco nítido y lleva a dudar sobre el presunto trato de favor a esta familia vinculada al consejero Castellano”.

“Esta sentencia es una de las cuatro que acumula Català por no entregarnos documentación, ya sea por el informe técnico del colegio La Hispanidad de Santa Pola, por el memorándum de la VIU, por el plan de revisión de centros o, ahora, por el caso Tarocher”, citó.