La Junta frena el ERTE de Onda Jerez planteado por el Ayuntamiento

Nuevo revés para la viabilidad de la televisión municipal de Jerez. El Gobierno local que lidera María José García Pelayo (PP) ha dejado en suspenso el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que debía ejecutarse desde el 1 de mayo para evitar la disolución del ente público en el que trabajan 53 personas. La delegación territorial de la Consejería de Empleo, autoridad laboral en la provincia, ha advertido al Ayuntamiento de que aplicar la reducción de un tercio de la jornada para la totalidad de la plantilla durante un año es ilegal al ser Onda Jerez una entidad que depende de una Administración pública.

El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto e impide la aprobación tanto de una suspensión de empleo como de una reducción horaria “en las entidades vinculadas a Administraciones y organismos públicos” salvo “que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”. Y esta última salvedad no es extrapolable a la televisión jerezana, que en 2013 recibió del Consistorio más de 1,5 millones frente a una cifra de negocio de 567.000 euros.

Aunque desde el gobierno local defienden la legalidad de la actuación, al entender que Onda Jerez es “una sociedad mercantil anónima de capital municipal, pero sometida al derecho privado”, el estatuto es bastante explícito y desde la alcaldía ya buscan alternativas al ERTE.

La solución a este revés no es fácil. La situación financiera de la emisora es bastante delicada y las opciones de ahorro son pocas en una empresa en la que desde marzo se han reducido los sueldos en hasta un 15% y desde abril ha entrado en vigor un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que ha supuesto el despido de 18 trabajadores con bajas incentivadas.

Gobierno y empleados son conscientes de que el ajuste por valor de 700.000 euros que queda por materializar es obligado. La televisión jerezana salió de un concurso de acreedores en junio de 2013 gracias al acuerdo sellado con el principal acreedor, la Seguridad Social, a la que el ente televisivo adeuda 5,3 millones. Entonces, el Ayuntamiento aprobó un plan de viabilidad para el medio de comunicación público que supone abaratar el coste anual en un 70%, al disminuir la transferencia municipal a la sociedad de cuatro a 1,3 millones anuales.

Tras la notificación de la Junta, ha vuelto “la incertidumbre” a la plantilla, pese a que fuentes del gobierno local aseguran que no se planean más despidos. “No sé qué otras medidas se pueden llevar a cabo. Si se suple el ERTE con nuevas bajadas de salario, ¿qué vamos a pasar a cobrar? ¿poco más de 800 euros?”, se pregunta Fulgencio Arias, un portavoz de la plantilla.

Desde que el Gobierno central del PP aprobó la reforma laboral, la Junta no tiene potestad para anular una regulación de empleo en una Administración pública, pero sí tiene la obligación de informar si advierte alguna irregularidad en su ejecución. Es justo eso lo que se transmite en el “oficio de advertencia” remitido al Consistorio, cuyos responsables muestran su voluntad de negociar nuevas medidas de ahorro “no traumáticas” si los servicios jurídicos municipales confirman la imposibilidad de aplicar el ERTE.

La advertencia de la Junta en sí no paraliza las reducciones de jornada temporales, pero la irregularidad de la medida sí imposibilita que los trabajadores puedan compensar la disminución horaria con el cobro de hasta un tercio del subsidio de desempleo. Es decir, entre 250 y 300 euros mensuales de media.

No solo la situación financiera preocupa en Onda Jerez. Las denuncias por supuestos casos de enchufismo también salpican a la televisión municipal. Poco después de llegar al sillón consistorial en 2011, la alcaldesa, María José García Pelayo, denunció la gestión de la exregidora socialista Pilar Sánchez como presidenta del consejo de administración de la emisora entre 2005 y 2011. En esos años la plantilla de la empresa pasó de 42 a 81 trabajadores y el coste de personal aumentó, en parte por la mejora del convenio colectivo, un 57%.