“El miedo a no trabajar permite ejercer presiones”

Ha trabajado ocho años en Reino Unido, uno en Suecia y, desde 1999, está vinculado al SAS. Primero en el Hospital Punta Europa de Algeciras y, desde hace ocho años, en el de Jerez. Ha tenido contratos de seis meses, de cuatro, de uno. El próximo se le acaba a final de mayo y ya sabe lo que va a ocurrir: “El hospital pedirá a la bolsa de trabajo un anestesista y me llamarán”, cuenta con cierta tranquilidad Juan Pedro Culsan, anestesista de 56 años.

¿Pero qué pasa si cuando el teléfono suena el trabajador no lo coge? “Me quedo sin trabajo”, asegura. Los eventuales del SAS comparten una obsesión: no separarse del teléfono. Para los estructurales, los días clave son cuando se les está acabando el contrato en vigor, pero para los que trabajan de forma más esporádica, la posibilidad de perder estas llamadas se convierte en una pesadilla recurrente.

El SAS está obligado siempre a hacer tras llamadas a un aspirante antes de pasar al siguiente de la lista. Para los contratos de corta duración, las tres llamadas son en el mismo día y para los de larga, en días distintos. Pero los profesionales se quejan de que, a menudo, el teléfono suena tres veces seguidas y, si no hay respuesta, el contrato se da por perdido en apenas un minuto. “Si esto se hace así, está mal hecho”, advierte la directora general de Profesionales, Celia Gómez.

Los eventuales estructurales se ayudan ahora de las redes sociales y de los correos electrónicos para avisarse unos a otros de que están llamando para las renovaciones. Aun así, Culsan asegura que la situación, aunque se acumulen años de experiencia, siempre genera incertidumbre. “Estamos en una posición débil y el miedo a no trabajar permite ejercer presiones de todo tipo”, advierte.

ALICIA VIGLERIO Psiquiatra

“La estabilidad que nos vendieron en la convocatoria fue un paripé”

Tras años de contratos temporales, siempre esperando que sonara el teléfono, Alicia Viglerio pensó que le tocaba un periodo de calma cuando en 2010 aprobó una convocatoria puesta en marcha por la Consejería de Salud para consolidar puestos de trabajo estructurales de cada centro sanitario. En su caso, el Hospital de Puerto Real (Cádiz). Se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los aspirantes se sometieron a un examen teórico y al juicio de un tribunal. “Nos lo vendieron como una fórmula para darle estabilidad durante cinco años a nuestras plazas. Pero fue un paripé”, asegura Viglerio.

Los contratos se van renovando por un año en 2011 y 2012, pero, en febrero de 2013, todos los trabajadores se quedaron con el 75% de jornada y sueldo y, la mayoría de ellos, con renovación mensual. En enero firmaron por cuatro meses y ahora, según lo anunciado esta semana por la Consejería de Salud, se le ofrecerá un contrato hasta enero. “Somos personal estructural, tenemos casi asegurada la renovación. Pero siempre queda la duda y, sobre todo, el recorte al 75%”, afirma esta psiquiatra. Ella aplica la reducción de jornada laboral layendo solo a trabajar cuatro días a la semana. “Se supone que no voy los viernes, pero al final hay programas que no se pueden cambiar y muchos viernes también voy”, asegura.

MARÍA Administrativa en paro

“Han dejado de llamarme, estoy en la calle como muchos otros”

María tuvo su primer contrato en el SAS como telefonista en 1996. La llamaron para una sustitución y repitió unos meses después. Pero fue a partir de 2000 cuando empezó a encadenar un contrato temporal con otro: primero en el Hospital de Motril y luego en el de Granada. “Siempre de administrativo, en el mismo sitio, pero con duración variable. En un año podía tener seis o siete contratos. Unos de meses y otros de días”, cuenta María, nombre ficticio porque prefiere no dar el real. “Hay mucha cultura del miedo en el SAS”, asegura.

Su situación empezó a cambiar a principios de 2011, cuando notó que se distanciaban los contratos. En 2012 trabajó solo dos meses y medio y en 2013, un mes. Una sustitución de verano con el 75% de la jornada y sueldo. Fue en septiembre y, desde entonces, no ha vuelto a trabajar. Lleva un año cobrando el subsidio de desempleo y los servicios sociales han emitido un informe en el que advierten de riesgo de exclusión social. Tiene 45 años, una hija y sus padres le ayudan a pagar la hipoteca.

En el caso de los administrativos, asegura María, los recortes han supuesto un doble castigo porque el SAS no distingue entre las funciones de un auxiliar administrativo y un administrativo, una categoría superior y, por tanto, con retribución más alta. Los trabajadores afectados han pedido que se unifiquen, pero igualar los sueldos costaría a Salud 17 millones de euros al año. “Un auxiliar administrativo cobra 1.000 euros y un administrativo, 1.350. Así que yo estoy en la calle, en mi casa, como muchos compañeros. Han dejado de llamarme”, afirma María.