Claves para la sostenibilidad del sistema de garantía de ingresos

Hace unas semanas el Gobierno vasco con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza celebraba los 25 años de existencia del programa de Garantía de Ingresos en Euskadi. Un programa que surgió como reacción a las consecuencias de la grave crisis económica de los años ochenta y que, con un amplísimo consenso político e institucional, ha evolucionado durante todo este tiempo y ha frenado, especialmente, la pobreza mas severa. Surgió con una vocación coyuntural vinculada a una crisis, pero afortunadamente se ha consolidado como una política estructural y pieza angular del estado de bienestar vasco; ha sabido, además, adaptarse a los nuevos fenómenos de pobreza que han ido surgiendo a lo largo de este ultimo cuarto de siglo: jóvenes con empleo precario, pensionistas con bajas pensiones, mujeres con cargas familiares o inmigrantes que pierden su empleo o carecen de una situación legal para poder tenerlo.

La política de garantía de ingresos dio un paso más en la senda de afrontar sus propios retos y en la ultima legislatura, al par que se asumía la importante transferencia de empleo, redefinió sus herramientas en torno a la empleabilidad de las personas. El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, como ocurre en los países más desarrollados de Europa, gestiona desde esa fecha las políticas activas y las políticas pasivas o de prestaciones. El pilar fundamental de un sistema de empleo para Euskadi. Percibir una renta mínima es imprescindible cuando se carecen de ingresos económicos o se está en riesgo de exclusión social, pero aún lo es más no renunciar a la autonomía económica derivada del empleo.

El programa vasco de Garantía de Ingresos fue pionero en el Estado español cuando se puso en marcha, lo ha sido cuando ha definido la empleabilidad como herramienta clave para lograr la autonomía personal y es hoy un superviviente en el marasmo de recortes sociales desplegados a diestro y siniestro en el panorama español.

En el acto de reconocimiento mencionado, el lehendakari apelaba a la responsabilidad de todos para asegurar el sostenimiento del sistema —una responsabilidad que se pide cuando se gobierna, y se practica poco cuando se esta en la oposición—. El Gobierno socialista, en un contexto de crisis y de contención del gasto publico, redujo la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos en un 7%. Una medida difícil y polémica.

Merece la pena recordar cómo el PNV, con el actual consejero de Hacienda a la cabeza proponía, a través de una enmienda a los Presupuestos de 2012, la retirada de esa decisión. Decisión que han mantenido y no parece que vayan a revocarla como sería lo coherente, a la vista de los hechos. Por lo tanto, responsabilidad sí, siempre, y acierto en diseñar una política que ayude a generar empleo especialmente para estas personas.

Hacer sostenible el sistema no es solo dotarlo presupuestariamente, sino ofrecer oportunidades a quienes forman parte del mismo. De igual manera que la educación persigue que los alumnos avancen en sus conocimientos o el sistema de salud que los enfermos se curen, el sistema de garantía de ingresos debe tener una puerta de salida al empleo. De las 178.142 personas que se hallan en el registro del paro (marzo de 2014) 51.392 perciben la RGI y están en edad de trabajar. De ellas, 23.093 personas tienen menos de 40 años, y del total de perceptoras más de 13.000 cuentan con estudios de bachillerato, FP o universitarios. Son por tanto personas con unas competencias básicas adecuadas para mejorar su empleabilidad y par acrecentar sus oportunidades.

El sistema esta dotado de una información suficiente para radiografiar el mapa de este universo de perceptores municipio a municipio. Los expertos en la materia y la experiencia internacional nos dice que hay que casar la oferta de empleo con la demanda, mejorar la empleabilidad, trabajar nuevos sectores de creación de empleo, pero para ello se necesita apostar por los servicios de empleo. La política de empleo vasca no van por el camino ni de robustecer los servicios, en medio de una conflictividad laboral, ni de fortalecer las políticas de ayuda al empleo que se gestionan tarde y mal, tal y como ha quedo demostrado hace algunos días. Hacerlo es contribuir a la sostenibilidad del sistema de garantía de ingresos. Un sistema de derechos, y no de caridad, un puente en el camino a la plena integración laboral y social.