La fiscalía observa irregularidades “graves, persistentes y numerosas”

“Numerosas, persistentes y graves”. Así son las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas y que han llevado a la Fiscalía Superior de Andalucía a considerar que hay indicios de delito en la gestión de los cursos de formación que en la actualidad investigan la policía, la Junta y los juzgados. Aunque en su último escrito considera prematuro “establecer las tipologías concretas” y admite que en algunos casos se han puesto en marcha mecanismos para la devolución de los fondos, el ministerio público no tiene dudas de que se trata de delitos.

Entre las irregularidades, la fiscalía destaca la “ausencia de procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado, abriendo la puerta a posibles y habituales irregularidades”. De esta falta de control responsabiliza al Servicio Andaluz de Empleo y critica su persistencia, “a pesar de las recomendaciones que fueron realizadas en 2004 y de la acreditación de continuas y destacables incidencias de una singular gravedad”.

Las irregularidades detectadas se pueden dividir en tres grupos: administrativas, de carácter contable y, dentro de las anteriores, “las que supuestamente se pudieran valorar como indicios de una posible responsabilidad penal”. Las primeras son numerosas y afectan a cuestiones diversas como la “existencia de un criterio de imputación presupuestaria inadecuado” como transferencias de capital y no como transferencias corrientes o la falta de aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones.

Sobre las segundas, responsabilidades contables y penales, se destacan las “subvenciones nominativas y excepcionales de muy elevada cuantía” a agentes sociales.

La fiscalía, que asume en su escrito las investigaciones policiales efectuadas hasta ahora, reclama una “actuación coordinada” a través de las unidades provinciales y de acuerdo con “criterios objetivos”.

Las investigaciones hasta la fecha evidencian “un manifiesto desorden en la concesión de ayudas” y una “continua ausencia de justificación del gasto realizado”.

También resalta la investigación que, pese a la “importancia económica de las ayudas y su finalidad”, se incumplieron y desoyeron las recomendaciones realizadas en el año 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de este tipo de ayudas.

En este sentido, el informe detalla que en Málaga, donde se conoció hace 15 días que se estaba realizando una investigación policial a iniciativa de la Seguridad Social, las irregularidades se centran en 20 entidades o personas físicas beneficiadas, una de las cuales aparece también en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas. El importe total de las cantidades concedidas irregularmente sería de 1.722.558 euros.