La juez investiga al marido de Prado por tráfico de influencias

La juez de Lugo Pilar de Lara Cifuentes, instructora del sumario Pokémon sobre amaños de contratos y pago de comisiones ilegales en distintas instituciones públicas, investiga al marido de la portavoz del PP gallego, Paula Prado, por falsedad documental y tráfico de influencias. En un auto fechado el pasado miércoles, la jueza explica que está indagando si F. A. O. I. obtuvo beneficios en su negocio “prevaliéndose de su relación matrimonial” en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, ambos gobernados por el PP.

De Lara invoca informes de Vigilancia Aduanera e intervenciones telefónicas de los que “se infiere, al menos indiciariamente” esa actividad, informa Europa Press. “F.A.O.I. prevaliéndose de su relación matrimonial con Paula Prado del Río, exconcejala del Ayuntamiento de Santiago habría obtenido beneficios económicos en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos al Ayuntamiento de Santiago y al de Boqueixón”, señala la jueza en el auto. Y añade que para ello utilizaba igualmente “las influencias de otros concejales”, como Ángel Espadas Diez [amigo personal de Prado y encarcelado durante más de un mes por este mismo caso], quien fuera jefe de gabinete del Ayuntamiento de Santiago con Gerardo Conde Roa como alcalde; el actual edil de Deportes, Adrián Varela, imputado en la causa; y el exconcejal Albino Vázquez Aldrey, que evitó la prisión con el pago de una fianza.

El auto judicial apunta: “A fin de no involucrar su nombre como proveedor, habría utilizado a terceros intermediarios y facturado por medio de personas interpuestas”. Pero puntualiza que “estos datos indiciarios” que “podrían determinar la presunta comisión de un delito de trafico de influencias y falsedad documental”, por la “posible emisión de facturas falsas a los ayuntamientos investigados”, precisan “ser corroborados”.

Para ello, la juez ha solicitado al cónyuge de Prado que “facilite de inmediato” a Vigilancia Aduanera “copia de los libros o relaciones informáticas de las facturas y las facturas originales de 2011 y 2012 tanto emitidas como recibidas”. Y requiere la misma documentación a Frandan Moda S.L., firma vinculada al marido de la portavoz del PP.

La instructora pide papeles similares a otro empresario textil, J. M. R.F., y exige a Aquagest (la concesionaria del agua de Santiago con cuyos directivos Prado tenía excelentes relaciones, según se deriva de los pinchazos telefónicos) que proporcione a Vigilancia Aduanera copia de los libros o relaciones informáticas de las facturas y originales del mismo periodo emitidas al Ayuntamiento de Santiago y al de Boqueixón; así como las de 2011 y 2012 recibidas de la empresa Francisco Antonio Otero Illodo, Frandan Moda S.L. y de una tercera empresa. La magistrada precisa que las facturas “comprenderán tanto las del Ayuntamiento en sí como las correspondientes a cualquier organismo publico dependiente de dicho Ayuntamiento, y las empresas con participación publica incluyendo a Xestión ACT. Deportivas e Espectáculos”. Y faculta a los funcionarios de Vigilancia Aduanera para usar la base de datos de la Agencia Tributaria sobre las personas y empresas investigadas.

Prado emitió ayer un comunicado en el que niega haber intercedido a favor de las firmas de su marido ante institución alguna, recuerda que ni ella ni su cónyuge están imputados en este caso y defiende que en todos los cargos públicos que ocupó fue “absolutamente respetuosa con la legalidad y con los intereses de los ciudadanos”. En uno de los pinchazos telefónicos que constan en el sumario, Prado presumía ante el exjefe de gabinete de la alcaldía de Santiago, Ángel Espadas, de haber inflado un contrato público en 3.000 euros. La juez también lo investiga.