El código ético se salda en un año con un cese tras resolver 14 casos

Cerca de un año después de la aprobación del código ético, la comisión de ética pública en la que participan el filósofo Daniel Innerarity y la jurista Elisa Pérez Vera junto a miembros del Gobierno ha dictado 14 resoluciones —tiene pendientes varias— sobre los cerca de 335 altos cargos y eventuales del Gobierno. Son en su mayoría, todas menos una, resoluciones impulsadas por el propio Ejecutivo para conocer si se han rebasado o se van a superar los límites del código y la primera consulta se remitió cinco días después de que el Consejo de Gobierno diera el visto bueno al documento.

Entre las resoluciones está la que impulsó el cese del director de la sociedad Ejie, Agustín Elizegui, después de que se conociera que había firmado un contrato con el grupo empresarial del que salió pocos meses atrás. Son varios los expedientes sobre la relación entre el ámbito público y el privado. La comisión da el visto bueno a un alto cargo que trabajó en una empresa “hace aproximadamente 20 años” y que, aunque en un informe no vinculante se rechaza la adjudicación de un contrato a esa compañía, finalmente la dirección de la que es titular tenía previsto una propuesta a favor “en base a criterios estrictamente técnicos”, según el alto cargo interesado. La comisión entiende que es un “paréntesis temporal lo suficientemente dilatado como para disipar toda duda”, porque considera que el lapso de dos años es suficiente —es el recogido por el PSE en la proposición de ley de incompatibilidades de los altos cargos, pendiente de aprobar por el Parlamento—.

La casuística muestra situaciones no contempladas en el código, como el de un alto cargo que debe realizar informes sobre obras hidráulicas en un municipio del que es concejal. La comisión lo acepta, pero señala que si hay “duda razonable” debe abstenerse. Una abstención que recomienda a otro alto cargo que preside una sociedad pública en la que se van a firmar dos convenios con la empresa en la que trabajó hasta su nombramiento.

La única consulta de una ciudadana fue resuelta a favor de la administración porque su solicitud no iba contra un alto cargo concreto, aunque la comisión criticó la falta de respuesta a sus alegaciones sobre un proceso de selección de Osakidetza.

Las preguntas se refieren en al menos ocho casos a directores y en al menos uno a un consejero —no se recogen nombres y, en casos más allá de directores, tampoco el cargo—. Una de las peticiones corresponde al consejero Josu Erkoreka, impulsor del código ético. En su reclamación señala que le interesa un cambio de ubicación de Vitoria a Bilbao de ocho plazas de funcionario —tiene su puesto en el departamento que dirige— y, aunque indica que lo rechaza para disipar dudas, añade que tiene relación personal con algunos interesados y que le corresponde participar en el proceso. La comisión señala que Erkoreka opta por “sacrificar su interés personal” ante un traslado sobre el que la comisión le hubiera dado luz verde —un eventual lo consultó y se le aceptó— y recomienda “inhibirse” del proceso por su relación con funcionarios afectados.

Ante la posibilidad de cobrar por conferencias u otras actividades, la comisión acepta los casos relacionados con su condición, anterior al nombramiento, de expertos. En el caso de un asesor que desea participar en una serie de documentales, el grupo resalta que “no puede ser éticamente admisible”. Y alaba a un cargo que acudió a un curso en coche oficial y devolvió el dinero que recibió por desplazamiento.