Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Guardia Civil pide a la Junta el listado de todos los cursos de formación

Dos juzgados de Sevilla impulsan la investigación

El portavoz del Ejecutivo niega que haya fraude en los expedientes en revisión

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Ampliar foto
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La Guardia Civil recabó este martes de la Junta de Andalucía un listado con todas las acciones de formación realizadas por el Ejecutivo autónomo en los últimos años. En paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga sobre un programa de acciones formativas de 2010 en Málaga, los investigadores de la Guardia Civil analizan los cursos de formación en otra causa diferente centrada en el sindicato UGT, una investigación que dirige el juzgado de la instructora Mercedes Alaya y el magistrado Juan Jesús García Vélez.

Los agentes se personaron este martes en los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que les remitieron el listado elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para dibujar el mapa de las miles de acciones formativas que ha llevado a cabo la Junta desde hace varios años. Es la respuesta de la Junta a un requerimiento de la instrucción judicial realizado en los últimos meses para de este modo afinar el mapa de esta extensa investigación. Esta causa permanece secreta desde que la inició la juez de los ERE el pasado verano y hace un mes la Audiencia de Sevilla reordenó las denuncias, decisión por la que Alaya retuvo su línea de investigación vinculada al intermediario Juan Lanzas y UGT, y García Vélez, titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, acumulaba el grueso de las denuncias presentadas contra la gestión del sindicato en diferentes juzgados sevillanos.

Estas denuncias acumuladas durante los pasados verano y otoño sobre irregularidades en la justificación de cursos de formación por parte de la principal central en Andalucía se refieren  principalmente a supuestas irregularidades desde 2009 a 2012. Entre los gastos que UGT admitió haber imputado de manera indebida figuran las comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva.

A esta instrucción se une una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre cursos de formación subvencionados por la Junta entre 2007 y 2013, un periodo en que los fondos públicos para formación rondan los 2.000 millones de euros. De estas pesquisas nada sabe de manera oficial el Ejecutivo autónomo, que mantiene que se trata de una “filtración tendenciosa e interesada” del Ministerio del Interior, según aseguró este martes el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.

Eso sí, la Junta circunscribe las posibles irregularidades a 17 expedientes de un programa de formación en la provincia de Málaga con un presupuesto global de 5,9 millones, de los que la fiscalía ha pedido información del destino de 1,5 millones.

La Junta está mirando uno a uno los expedientes de las entidades que desde 2007 han recibido dinero para cursos de formación profesional. Se trata de una investigación interna retrospectiva, para la que se ha contratado a 60 interinos, que el Gobierno andaluz denomina de manera eufemística “ordenación del pasado”, una expresión acuñada por el consejero de Educación, Luciano Alonso.

Alrededor de 4.000 ayudas están siendo chequeadas, de las que Educación ha pedido 480 requerimientos de documentación y ha abierto 56 expedientes de reintegro parcial o total de la subvención. Esta documentación aún está en plazo de justificación, por lo que el portavoz opinó que sería una “injusticia” hablar de fraude y el facilitar en estos momentos más información hasta que no se culmine el proceso. Tampoco concretó el montante económico que suman esos 56 expedientes de devolución. Alonso sí tiene en su poder esta cifra, pero no la hará pública hasta la semana próxima en el Parlamento.

Vázquez aseguró que la revisión de ayudas en proceso de justificación “ahora mismo solo” afecta a los cursos de formación y no a otras inyecciones públicas. Su versión es que el Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz tomó esta decisión hace siete meses, cuando accedió al cargo tras la dimisión de José Antonio Griñán. Lo hizo a raíz de denuncias hechas en “mentideros políticos”, es decir, por el PP, y para demostrar su compromiso contra la corrupción, contó el portavoz.

 

480 cursos bajo investigación, 56 de ellos con irregularidades

Luciano Alonso, consejero de Educación de la Junta de Andalucía y responsable de los programas de formación para el empleo, ha tenido que comparecer al menos en tres ocasiones en los últimos meses en el Parlamento andaluz para responder a los casos de desvío de fondos por parte del sindicato UGT en las ayudas públicas recibidas para cursos de formación.

Cuando el PP denunció los casos de fraude vinculados a UGT, el consejero le recordó que su departamento tiene bajo revisión numerosos expedientes de formación que afectan a otras instituciones. Por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Cádiz, a la que se ha hecho un requerimiento de documentación en cuatro ocasiones —10, 17 y 21 de enero y 3 de febrero de 2014— con la intención de completar expedientes.

El consejero ha explicado en el Parlamento andaluz que el Gobierno de la Junta está “en pleno proceso de ordenación, justificación y abono de aquellos expedientes que estén conformes con la legislación vigente y las recomendaciones de la Intervención General y los informes de la Cámara de Cuentas”.

En ese trabajo, según las últimas cifras facilitadas por el consejero de Educación, la Junta de Andalucía ha realizado 480 requerimientos de documentación y se han iniciado 56 expedientes de reintegro, supuestamente motivados por irregularidades en la justificación de los fondos recibidos para la formación.

El Gobierno andaluz avisa de que una vez que se hayan fiscalizado los expedientes se abonarán los pagos, y aquellos en los que no se justifiquen debidamente los gastos “se pedirá su reintegro y se le prohibirá la concurrencia a futuras convocatorias de ayudas”.

El Gobierno andaluz se niega a crear una comisión de investigación sobre los cursos, como pide el PP, porque considera que la fiscalización que está llevando a cabo es suficiente.