Las protectoras piden el fin del sacrificio de animales abandonados

Más de 200.000 animales son abandonados cada año en España, unos 15.000 en la Comunidad. La cifra es “lo suficientemente alarmante” para que varias asociaciones protectoras de animales hayan presentado sendas propuestas en la Asamblea de Madrid para impedir por ley el sacrificio de las mascotas que terminan en centros gestionados por la Administración, posible a partir de los 10 días de estancia.

La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) ha registrado en el Parlamento regional una iniciativa para elaborar una nueva ley de protección animal que sustituya a la vigente. En su opinión, la actual norma está “obsoleta” al no reflejar “las actuales necesidades”. Las asociaciones apuestan por la eliminación de los sacrificios, un mayor límite y control de la cría —sobre todo en la venta de cachorros por Internet— y la esterilización “como medida preventiva de la superpoblación”. En 1990, el Ejecutivo autonómico, entonces del PSOE, elaboró una normativa para la protección de los animales domésticos, que estipula que cualquier animal abandonado que sea recogido por los servicios municipales podrá ser sacrificado legalmente en el plazo de 10 días si no es reclamado ni adoptado por nadie. El Gobierno regional, que aplica la política de sacrificio cero en el Centro Integral de Acogida Animal, promovió la adopción de 7.500 perros y gatos de centros de este tipo en 2012 (más de 81.000 desde 2000).

FAPAM entiende que “el sacrificio cero sería el inicio del fin del problema” de los abandonos de animales de compañía. La organización que preside Matilde Cubillo denuncia que cada ejercicio se eliminan “cientos” de animales sanos en la Comunidad, “exterminados solo y únicamente porque no hay sitio”, aunque no sufran una patología incompatible con la vida. A su entender, la eliminación de los sacrificios, “excepto por motivos humanitarios y sanitarios” y justificados por un veterinario, haría que los Ayuntamientos “tomaran las medidas de control y campañas para reducir el número de animales abandonados”, con el consiguiente ahorro de dinero público al reducir los gastos en las perreras. FAPAM incluye, en su revisión de la legislación, sancionar con multas de entre 2.001 y 20.000 euros los sacrificios sin permiso.

El Refugio también reclama la prohibición “del sacrificio” de gatos y perros en las instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, en los centros de recogida y en los núcleos zoológicos en general, “excepto la eutanasia por motivos humanitarios y sanitarios”. En estos casos, la protectora que encabeza José Ignacio Paunero recomienda que “deberán utilizarse métodos que impliquen el mínimo sufrimiento y provoquen una pérdida de consciencia inmediata”. Desde su creación en 1996, El Refugio siempre ha practicado el “sacrificio cero”. Esto es, que jamás han optado por la muerte de un animal “por el simple hecho de haber sido abandonado” o por ser ciegos, estar cojos o presentar enfermedades tratables como la leishmaniasis.

La asociación para el bienestar y protección de los animales considera que la gestión de los abandonos de animales domésticos “inadecuada, inaceptablemente dolorosa e impropia de una sociedad moderna”. Según un estudio encargado por El Refugio, entre 2006 y 2012 se sacrificaron, bajo el amparo de la legislación existente, cerca de 130.000 perros y gatos en la región, lo que dejaría una media de 22.000 ejemplares al año. En España hay más de seis millones de perros y gatos, presentes en el 49% de los hogares, porcentaje que en Madrid se incrementa hasta el 57% -hay 400.000 propietarios de mascotas-, de acuerdo con el informe elaborado a petición de El Refugio por Ikerfel, firma especializada en investigaciones de mercado y márketing estratégico.