Varias sentencias instan a la readmisión de los monitores de colegios despedidos

Tras varios meses de lucha, los monitores administrativos que desde 2006 estuvieron contratados en colegios públicos de Andalucía para ayudar en la gestión de los centros han empezado a recibir buenas noticias. De momento, 16 sentencias, todas ellas en la provincia de Córdoba, les dan la razón en sus reivindicaciones y exigen su readmisión o, en su caso, indemnizaciones por despidos improcedentes. La Consejería de Educación decidió no renovar los contratos con las empresas privadas a las que pertenecían después de que la Inspección de Trabajo detectara una cesión ilegal de trabajadores ahora confirmada por estos fallos judiciales. Uno de los jueces llega a comparar la situación de estos empleados con la de los esclavos negros que fueron liberados en Estados Unidos en tiempos de Lincoln.

“Creo que estas sentencias se van a repetir en el resto de provincias”, explicaba ayer ilusionada Esther Porquicho, exmonitora en Cádiz. Su caso y el de 37 compañeros se verá este martes en los juzgados gaditanos. Una cita a la que llegan con la esperanza que les han dado las 16 sentencias de Córdoba. En total, en Andalucía había 840 afectados que durante los últimos meses, desde que fueron apartados de sus puestos de trabajo, vienen protagonizando continuas movilizaciones. “Exigimos nuestra readmisión. Sería lo más lógico porque no está la situación económica como para que la Junta pague unas indemnizaciones por despido”, añade Porquicho.

Los hechos comprobados reflejados en las sentencias resumen lo ocurrido en los últimos años. En 2006 la Consejería de Educación constató la necesidad de trabajos administrativos en los colegios públicos, tareas que no podían asumir ni los directores ni los secretarios. Encargó al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) para que contratara a personal externo para cubrir esos servicios. En una de esas sentencias, el juez ya advierte de que las funciones del ISE “poco o nada tienen que ver con las que les solicitó la Consejería”. El órgano autonómico lo hizo a través de una empresa de trabajo temporal. Fueron contratos 840. “Los trabajadores actuaban con total desconexión de su empresa empleadora” ya que eran formados por los equipos directivos de los colegios.

En una de las sentencias se advierte de que este método elegido por la Junta permitió durante años situaciones “injustas” para los trabajadores, en su mayoría mujeres. “La empresa contratada se limitaba a crear las nóminas de los trabajadores, pagarles y cobrar de la Consejería con un pingüe beneficio porque ganaban nueve euros la hora mientras que pagaban a los trabajadores cinco euros”. Las empresas contratadas iban cambiando pero no los trabajadores. “Los empleados ni siquiera sabían que habían sido subrogados”. Fue en 2012 cuando la nueva empresa que les había asumido empezó a dejarles de pagar puntualmente y eso originó el inicio de las movilizaciones y las denuncias.

“Los impagos era lo último que podía aguantar un colectivo que ha desarrollado su trabajo en una condiciones que deberían avergonzar a una clase política que hace apenas dos años rechazó los minijobs alegando que ese tipo de contratación no es propia de nuestro país”.

La Inspección de Trabajo, que según la sentencia “hasta entonces había mirado a otro lado”, detectó estos problemas y llevó a la Junta a “tomar las riendas” de estos contratos. Anuló los acuerdos con la última empresa contratadora y planteó un plan de choque de empleo público para cubrir esos puestos vacantes pero dejó sin opciones a los que habían desarrollado esta labor en los últimos años, al exigir una formación que casi ninguno tenía. El juez lo resume así. “Sería como si Lincoln al tiempo de liberar a los esclavos exigiera titulación de ingeniero agrónomo para recoger el algodón. Los esclavos serían libres pero no tendrían qué comer”.