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El grupo propio de los imputados

Cuatro diputados catalanes están acusados de malversación, cohecho o tráfico de influencias y una quinta parlamentaria espera a que resuelva el juez

Si los parlamentarios catalanes de CiU y PSC se pudiesen agrupar por el hecho de estar imputados podrían formar grupo parlamentario propio. Nada que ver con el PP valenciano, ciertamente, que llegó a tener en octubre de 2012 diez de sus 55 diputados autonómicos investigados por la justicia, pero una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que la corrupción también afecta a lo que se llamó oasis catalán, supuestamente ajeno a estas prácticas.

El más popular de los imputados catalanes con escaño es Oriol Pujol Ferrusola, hijo del que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años y el único vástago que ha seguido los pasos de la política. A Oriol Pujol se le investiga desde hace más de un año por intentar amañar la adjudicación de un lote de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los jueces creen que existen indicios de que actuó “con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores”.

En Derecho a eso se le llama llama tráfico de influencias, una acusación a la que Pujol Ferrusola ha de sumar otra de cohecho, por la que declarará el próximo día 30, igual que su esposa, Anna Vidal y a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Alsina. El fiscal cree que cobró 30.000 euros por defender los intereses de esos empresarios durante la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial que tramitó el tripartito en 2008. CiU estaba entonces en la oposición y esa ley suponía una reorganización del suculento paquete de las ITV. El testigo de cargo puede ser Enrique Marugán, también con intereses empresariales en las ITV, y al que se le interceptó un correo electrónico en el que relataba la exigencia de los 30.000 euros. Marugán fue el empresario que hace años denunció ante el fiscal al juez corrupto Luis Pascual Estevill.

El otro diputado de CiU que está en el punto de mira de la justicia es Xavier Crespo, acusado de dar un trato de favor al empresario ruso Andrei Petrov, vinculado con una trama que supuestamente blanqueó 56 millones de euros en España. La tesis de la fiscalía es que Crespo, siendo alcalde de Lloret de Mar, le perdonó 133.000 euros en impuestos por la construcción de un centro comercial y Petrov le correspondió con viajes a Moscú, un reloj de lujo y el patrocinio de los clubes locales de hockey y futbol. Los delitos que se le imputan a Crespo son cohecho y prevaricación y la fiscalía sostiene que podría haber evadido grandes sumas de dinero a paraísos fiscales. Sin embargo, Maria Eugenia Alegret, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e instructora del caso, ha reclazado investigar si Crespo posee cuentas en Andorra, así como escabar en el patrimonio familiar para esclarecer el supuesto delito.

En la bancada socialista hay otros dos diputados imputados y otra que está en capilla. El más cercano al banquillo y de cumplir con su promesa de dimitir si eso ocurriera es Daniel Fernández, exsecretario de organización del PSC y exdiputado en el Congreso. A los pocos días de las elecciones autonómicas, el 25 de noviembre de 2012, estalló el caso Mercurio de supuesta corrupción urbanística en Sabadell que obligó a dimitir al alcalde socialista Manuel Bustos. Este tuvo el teléfono pinchado durante más de dos años y en una de sus conversaciones pactó con Fernández que la alcaldesa de Montcada, la también socialista María Elena Pérez, colocara a un exalto cargo del tripartito. Esta es la causa más avanzada y está a la espera de abrirse juicio oral contra los tres por tráfico de influencias.

Las conversaciones grabadas de Bustos también se pueden llevar por delante a la diputada socialista Montserrat Capdevila. Se la acusa de malversación por pagar viajes privados con la tarjeta del Parlament para encontrarse con Bustos en un hotel de Madrid, cuando este debía asistir a reuniones oficiales en su condición de presidente de la Federación Catalana de Municipios, mientras que Capdevilña, entonces teniente de alcalde de Sabadell, lo hacía a título privado. El caso tiene ya asignado un instructor, que resolverá en los próximos días la petición de imputación del fiscal.

Quien sí está imputado ya formalmente y a pesar de ello tomó su acta de diputado es Cristófol Gimeno, alcalde de Castellgalí (Barcelona), por un supuesto delito de administración desleal. Gimeno es uno de los 54 denunciados por la fiscalía por participar en consejos de administración de CatalunyaCaixa que aprobaron el aumento en las retribuciones de su exdirector general Adolf Todó y de su adjunto, Jaume Massana.