Torres-Dulce pide medidas internas a los partidos contra la corrupción
El fiscal general del Estado aboga por una reducción del número de aforados
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha pedido este martes que los partidos políticos implementen medidas internas de prevención contra la corrupción y ha descartado nuevas reformas del Código Penal para endurecer la lucha en este ámbito. “Ya está bien que tras 27 reformas se siga pensando que el Código Penal es el instrumento que va a remediar muchos males, que actúen los políticos en términos de prevención y que funcionen otros mecanismos de intervención del Estado”, ha dicho el máximo representante del ministerio público tras una reunión en la ciudad de la justicia de Castellón.
Según Torres-Dulce, el Código Penal solo puede ser “un remedio quirúrgico”, un último escalón para “poner freno a una situación de corrupción que, ciertamente, es importante”. Por ello, instó a los partidos políticos, ayuntamientos y demás administraciones a tomar medidas internas “para gestionar mejor los recursos públicos, mejorar los criterios de intervención y de control para que cualquier situación tenga los debidos controles y que estos se apliquen”.
El fiscal general del Estado se mostró favorable a “estudiar una reducción de los aforamientos”. “Me parece positivo porque debe ser la excepción y no la generalidad”, ha dicho. No se ha posicionado sobre la conveniencia o no de que los cargos públicos abandonen sus puestos tras haber sido imputados o en vistas de sentarse en el banquillo de los acusados. “Si deben abandonar o no los cargos, es algo que compete a los afectados y a su partido político, no tengo ninguna opinión al respecto”, ha apuntado.
Investigación al Castor
Por otro lado, Torres-Dulce avanzó que la fiscalía de Castellón ha pedido una prórroga de la investigación abierta a la plataforma Castor tras los seísmos registrados en el mes de octubre. “Creo que está (la investigación) muy avanzada, se me ha pedido una prórroga que no hay por qué agotar”, ha dicho. El fiscal general se ha mostrado convencido de que “en breve” (sin agotar el nuevo plazo de seis meses) habrá una decisión sobre la existencia o no de responsabilidades.
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