10 claves del conflicto de La Utopía

El conflicto abierto por el realojo de las familias de La Utopía se ha enturbiado por medias verdades, datos imprecisos y un relato confuso de los hechos que desembocó en la mayor crisis en el gobierno de PSOE e IU en lo que va de mandato. Estas son algunas preguntas y respuestas claves para entender lo sucedido.

»¿Quién vivía en la corrala La Utopía? Las primeras familias llegaron el 16 de mayo de 2012 guiadas por el movimiento 15-M. Poco a poco se fueron ocupando las 36 viviendas del edificio, propiedad de Ibercaja y que llevaba casi dos años terminado. Entre los vecinos había activistas de izquierdas, pero eran mayoría las mujeres, casadas, separadas, solteras o viudas. Casi todas habían sido desahuciadas o tenían orden de desahucio y aseguraban que ocuparon La Utopía para tener un techo, pero también como forma de reivindicar el derecho a la vivienda.

»¿Qué hicieron las administraciones? La Consejería de Fomento, dirigida por IU, y el Defensor del Pueblo andaluz han llevado las riendas de las negociaciones para intentar que Ibercaja ofreciera un alquiler social a los vecinos. Se creó una mesa de negociación en la que también participaban las familias y el Ayuntamiento. Ante la falta de acuerdo, el banco pidió el desalojo a la justicia.

»¿Qué dijo la juez? La juez encargada del caso decretó el desalojo el 25 de febrero, dio un plazo de 15 días a los vecinos para abandonar el edificio e instó a la Junta y al Ayuntamiento a “proveer lo necesario” para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. A raíz del auto, Fomento, el Ayuntamiento y el Defensor crearon una comisión técnica para cumplir el auto. En esa comisión, el gobierno local rechazó poner algunas de sus VPO vacías (528 según la Junta) a disposición de los vecinos, por lo que la consejería intentó un pacto con Ibercaja. Tras el desalojo, el domingo 6 de abril, el banco se retiró de las negociaciones.

»¿Cómo se explica el baile en el número de vecinos de La Utopía? A lo largo de la instrucción judicial algunas familias dejaron el edificio de forma voluntaria. Fuentes de Fomento explican que en las horas posteriores al desalojo se habló de 22 familias porque esa era la última cifra oficial, aportada por el Defensor del Pueblo. Cuando los vecinos ya estaban en la calle se comprobó que algunas familias habían abandonado el inmueble o habían cambiado sus circunstancias personales. Finalmente, Fomento cifró en 17 el número de familias que hay que realojar.

»¿Quién hace los informes sociales y qué determinaron? Los hacen los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento. Se elaboraron en el marco de la negociación con Ibercaja y recogían las circunstancias económicas y sociales de las familias, pero no respondían al formato estándar de informe que determina si un ciudadano está en riesgo de exclusión y cumple las condiciones para acceder a una vivienda social. Esos son los informes que se van a elaborar ahora. Los informes de la corrala los custodia el defensor y es él el que insta en la comisión técnica a buscar vivienda para 22 familias antes del desalojo.

»¿Qué argumenta Fomento para realojar a los vecinos? La consejería sostiene que, según instrucciones del Defensor del Pueblo, todas las familias tienen necesidad de vivienda por lo que, en cumplimiento del auto judicial, las administraciones están obligadas a atenderlas. El desalojo, además, les ha dejado en situación de emergencia social, por lo que se les debe facilitar un realojo temporal para casos de urgencia, aseguran en la consejería. El departamento de Elena Cortés se ampara en el artículo 20 de la ley del Derecho a la Vivienda (que insta a las administraciones andaluzas a favorecer el alojamiento transitorio de las personas “con riesgo o en situación de exclusión social”) y el 12.5 del reglamento de VPO (que contempla “excepciones” en las que “no será exigible el principio de concurrencia”).

»¿En qué consistía la propuesta de realojo de Fomento? IU no planteó adjudicar viviendas sino facilitar temporalmente a las familias un piso social para casos de emergencia. Son viviendas públicas reservadas para situaciones de urgencia social, como la que se produce tras un incendio, un desahucio o una situación de maltrato. Están pensadas para alojamientos inmediatos, pero no definitivos. Tras el realojo se evalúa el caso para decidir si se dan las circunstancias para que la familia permanezca en la vivienda, conviene ofrecerle otra salida o no tiene necesidad de ayuda.

»¿Por qué dice IU que no se salta la lista de espera para acceder a viviendas públicas? Hay varias listas, pero ninguna es para realojos transitorios urgentes. El registro con más de 12.200 personas al que se ha aludido en los últimos días es el de demandantes de VPO de Sevilla, que incluye a todos los que aspiran a una vivienda protegida, incluidas las de iniciativa municipal y autonómica destinadas a familias que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM (lo que supone más de 3.000 euros al mes). Otra lista distinta es la de demandantes de viviendas destinadas a “familias en proceso de intervención social y en riesgo de exclusión con necesidad urgente de viviendas sociales”. Según informó ayer el Ayuntamiento, hay 388 familias que cumplen los requisitos para aspirar a la adjudicación de uno de estos inmuebles.

»¿Qué causó la crisis en el gobierno? Fomento anunció el miércoles pasado que se hacía cargo del realojo de todas las familias. El anuncio sorprendió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que instó a su socio de gobierno a rectificar. IU siguió adelante y, sobre las 21.00 horas, escenificó la entrega de llaves de ocho viviendas a las puertas del Ayuntamiento, donde acampaban los desalojados. Díaz amenazó con retirar a Fomento las competencias para adjudicar vivienda protegida y, tras fracasar las negociaciones a lo largo del jueves, la presidenta cumplió su amenaza la madrugada del viernes.

»¿Por qué son ocho las familias realojadas? La Junta no tiene viviendas sociales vacías en Sevilla, pero tras el desalojo los técnicos de Fomento localizaron 10 pisos deshabitados. Finalmente, decidió destinar ocho a las familias de la corrala y reservar dos para otros casos de emergencia. El decreto de retirada de competencias dejó a Fomento sin la potestad de gestionar alquileres para las otras nueve familias, cuya situación se va a estudiar ahora.