Crece la oposición a la unificación de los centros sanitarios de Lleida

La decisión del Departamento de Salud de unificar los centros sanitarios de Lleida —un 80% de ellos gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el resto por Gestión de Servicios Sanitarios (GSS), otra empresa pública— bajo un nuevo ente ha generado una creciente corriente de oposición. Trabajadores, organizaciones ciudadanas, sindicatos y partidos recelan de la medida y critican la “opacidad” de la Generalitat, que ha dado seis meses al CatSalut para elaborar el proyecto. Temen que sea el inicio de otro intento de desmembrar el ICS para privatizarlo, huir del control administrativo y precarizar a los trabajadores. Salud lo niega y defiende la medida porque mejora la gestión.

La decisión se aprobó con un acuerdo de Gobierno en febrero que contempla la creación de un ente público que integra tres hospitales —el Arnau de Vilanova (ICS), el comarcal de Tremp y el Santa María (gestionados por GSS, adscrita al CatSalut)—, los servicios de atención primaria y sociosanitarios, la salud mental y la investigación biomédica. El objetivo es “simplificar la gestión, mejorar las economías de escala y aumentar la coordinación” entre los centros, según Salud. Aunque en un primer momento se habló de la creación de un consorcio, diversas fuentes del sector apuntan a que la Generalitat ha renunciado a ello debido a cambios legales recientes y que ahora pretende crear una empresa pública.

“El Arnau de Vilanova y el Santa María están a 250 metros y comparten gerencia desde hace dos años”, argumenta Josep Pifarré, director de los servicios territoriales de Salud en Lleida. Según Pifarré, la medida “mejorará la calidad” de la atención y, al permitir una atención integrada, evitará que algún paciente deba ser derivados a Barcelona. Salud mantiene que la unificación es “el resultado natural de la evolución” de la sanidad en Lleida. De hecho, ya hay servicios únicos en algunas especialidades, como el laboratorio, las urgencias o la oncología. El objetivo último sería, así, aumentar la autonomía de gestión de forma que sea “el territorio” el que decida sobre sus necesidades.

“Podría estar de acuerdo con medidas aparentemente encaminadas a racionalizar los recursos sanitarios públicos y simplificar su estructura”, afirma Joan Canals, responsable de política sanitaria de Comisiones Obreras. El problema es que el proyecto “no se ha explicado de forma clara y transparente”. Según Canals, la Generalitat tiene que garantizar que la creación del nuevo ente no es una “excusa” para escapar de los controles y que no se utiliza para “fraccionar” el ICS, la mayor empresa pública de Cataluña. “Hay miedo a que haya despidos y que sea un intento de desmontar el ICS como empresa pública transparente”, resume Teresa Fuentelsaz, vicesecretaria del sindicato Metges de Cataluña.

En Lleida, la oposición al proyecto crece. La plataforma Marea Blanca —inspirada en el movimiento madrileño en contra de la privatización de seis hospitales que intentó el Gobierno del PP— ha realizado varias acciones de protesta bajo el lema Paremos el consorcio y ha convocado para el próximo día 26 una gran manifestación, informa Lluís Visa. “El modelo que quieren imponer favorece la mercantilización de la sanidad y no reducirá las listas de espera, tal y como se asegura”, señala Elena Motos, miembro de la plataforma. Motos se pregunta si no tendría más sentido “integrar el pequeño en el grande”. Es decir, poner los dispositivos gestionados por GSS bajo el paraguas del ICS y evitar así la necesidad de crear una nueva empresa pública de dos ya existentes.

El proyecto sí cuenta con el apoyo del alcalde, el socialista Àngel Ros, que defiende que se reforzará el sistema sanitario público en Lleida y el Pirineo. “Hay que velar por la calidad y el equilibro territorial”, afirma Ros. Sin embargo, la iniciativa de Salud se ha topado con recelos también en el Parlament, donde ERC ha solicitado explicaciones al Gobierno. Los republicanos presentaron una moción en la que se exige al Ejecutivo que, en un plazo de tres meses, presente un informe con los motivos por los que considera que es mejor crear un nuevo ente “en lugar de integrar los servicios sanitarios en el ICS”. También reclama que, si se aprueba el nuevo ente, este incorporará un órgano propio de control económico y financiero dependiente de la Intervención de la Generalitat. ICV ha pedido que no se tomen más decisiones hasta que no se dé un proceso de diálogo y debate.