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crisis en la junta

La Junta pide a Zoido que revise la situación de los realojados de la corrala

La permanencia de las ocho familias en los pisos públicos depende de los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla

Miembros de la corrala La Utopía, frente al Ayuntamiento de Sevilla, tras ser desalojados. Ampliar foto
Miembros de la corrala La Utopía, frente al Ayuntamiento de Sevilla, tras ser desalojados.

El pacto que en la noche del viernes al sábado cerraron PSOE e IU para que no saltara por los aires el Gobierno de Andalucía no acaba con este complicado caso. Los socios concluyeron que ocho familias de la denominada corrala La Utopía, ubicada en Sevilla, podían permanecer realojadas temporalmente en los pisos propiedad de la Junta. Pero, a la vez, acordaron que se debe analizar su situación para que se acredite que tienen derecho a seguir en esas viviendas.

Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta, ha indicado este domingo que el Gobierno andaluz enviará este lunes una petición al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, para que estudie la situación de esas ocho familias.

La Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, dictó el miércoles órdenes de realojo para 17 familias al entender que se trataba de una acción de emergencia. Pero desde la Junta —en concreto, desde los departamentos que gestiona el PSOE— se dudó de la legalidad de la medida.

Los socialistas, incluso, hablaron de la posibilidad de que se hubiera incurrido en un delito de prevaricación, ya que supuestamente no se había respetado la concurrencia competitiva de otras personas que estaban en lista de espera para acceder a una casa. IU, sin embargo, esgrimió que los desalojados estaban en riesgo de exclusión social. Además, esta formación resaltó que en el auto judicial en el que se ordenó el desalojo de la corrala La Utopía se instaba a la Administraciones a que dieran una solución para las familias con menores y en riesgo.

Durante las largas reuniones en las que PSOE e IU intentaban desbloquear el conflicto, se analizaron los casos de las 22 familias desalojadas el domingo 6 de abril, que permanecieron acampadas frente al Ayuntamiento hasta que el miércoles se dictaron las resoluciones de realojo provisional. La Consejería de Fomento y Vivienda, finalmente, emitió órdenes favorables para 17 familias, según se apunta en el comunicado difundido por la Junta tras el acuerdo que cerraron PSOE e IU. Pero, según ese mismo comunicado, esa medida se adoptó "teniendo conocimiento de extractos de informes sociales en los que se acreditaba" que había menores y situación de riesgo.

"Revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todos y cada uno de ellos", dice ese comunicado, "se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria". Pero se añade que, "con carácter urgente", los servicios sociales comunitarios deberán ratificar su situación y acreditar "fehacientemente el riesgo de exclusión social". En caso afirmativo, según acordaron PSOE e IU, "podrán continuar disponiendo de esos alojamientos mientras que la Consejería de Fomento y Vivienda pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares".

Los servicios sociales —es decir, los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla— también deberán analizar la situación de las nueve familias restantes, cuyo realojo se suspendió "hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias" para que pudieran entrar en los pisos. El Ayuntamiento de Sevilla, que dice desconocer la identidad de los realojados, ha sostenido este domingo que no ha recibido aún ninguna comunicación oficial de la Junta. La Consejería de Fomentó ha prefirido no pronunciarse.

Pese a que las heridas del duro enfrentamiento entre los dos partidos permanecen abiertas, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), ha preferido buscarle el lado positivo a este conflicto, el más importante surgido entre los dos partidos desde que hace dos años cerraron su acuerdo de gobierno. Según ha dicho a través de su cuenta de Twitter, el pacto entre las dos formaciones "sale fortalecido" después de recuperarse la "normalidad competencial". Se refiere a que la Consejería de Fomento vuelve a tener las competencias sobre la adjudicación de viviendas protegidas, que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, retiró a este departamento durante la crisis de la corrala.

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