El vicealcalde de Valencia decidía sobre los contratos con Urdangarin

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mayrén Beneyto, declaró ayer ante el juez José Castro, que investiga los contratos de la Fundación Valencia Convention Bureau (FVCB) con Iñaki Urdangarin, que ella no decidía nada y que era Alfonso Grau, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente del patronato de la fundación, el que llevaba los temas de turismo y el que tomaba las decisiones. Lamentó incluso que, a pesar de sus responsabilidades municipales, se enterara de algunos eventos por los medios de comunicación, ya que ni siquiera era invitada.

Sandra Gómez, que ejerce la acusación particular en nombre de los socialistas de Valencia, subrayó la responsabilidad del vicealcalde: “ha quedado en evidencia que las decisiones las tomaba el presidente de la fundación, que es Alfonso Grau y que los patronos prácticamente eran convidados de piedra a los que simplemente se les informaba, pero no decidían nada”.

Los patronos de la fundación Turismo Convention Bureau, que declararon ayer, coincidieron en manifestar que no desempeñaron un papel activo en la decisión de contratar los Valencia Summit con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Los patronos de la fundación municipal, que se encarga de la promoción turística de la ciudad, fueron informados del proyecto pero no tomaron las decisiones. No había debate, reconoció uno de ellos, según fuentes jurídicas. Conocieron el proyecto de Valencia Summit por Alfonso Grau, y por el director de la fundación, José Salinas.

El vicealcalde Alfonso Grau, que declaró ante Castro como testigo en junio de 2012, dijo entonces sobre la llegada del proyecto a Valencia que fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps q<TB>uien se reunió con Urdangarin. Y añadió que la propuesta de los Valencia Summit llegó a la fundación a través de la sociedad de la Generalitat CACSA (Ciudad de las Artes y las Ciencias). Cada una de las tres ediciones de los Summit costaron a CACSA y a la fundación municipal un millón de euros, todos de origen público.

Ayer declararon otros ocho patronos de la fundación durante el tiempo en que se organizaron los Valencia Summit, un foro anual de debate sobre eventos deportivos y promoción de la ciudad. Pasaron ante el juez José Castro el expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá, el exresponsable de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Rafael Ferrando y la actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María Irene Beneyto, entre otros.

Catalá, según fuentes jurídicas, insistió en que los patronos no tomaban decisiones y reconoció que el proyecto llegó a la fundación con el aval del Ayuntamiento y la Generalitat, señalan las mismas fuentes.

Castro, que concluyó ayer los dos días de declaraciones, concretó a la salida que no hay “más imputados de momento”. En parecidos términos se expresó el fiscal Pedro Horrach. Sin embargo, tanto el fiscal como la acusación particular pueden valorar, a la vista de los nuevos testimonios, valorar si hay alguna imputación más.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, opinó sobre las declaraciones. “El PP podría haber utilizado la Fundación Turismo Valencia como pantalla de unas decisiones políticas previas para saltarse la ley” de contratación pública, dijo. Según Calabuig, “estamos especialmente preocupados por las revelaciones de los testimonios porque da la impresión de que a lo largo del proceso de toma de decisiones la FTVCB actuó como pantalla de simulación de unas decisiones políticas que se habían adoptado previamente”, explicó.