Sanidad renuncia definitivamente a la privatización hospitalaria

La renuncia del Gobierno regional a seguir adelante con su plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos era hasta ahora poco más que una declaración política. El presidente madrileño, Ignacio González, lo anunció en enero pasado, al tiempo que se conocía la destitución del consejero de Sanidad que lideró el proyecto, Javier Fernández-Lasquetty. Sin embargo, los recursos presentados en los juzgados por distintas organizaciones contra el plan privatizador han seguido adelante durante estos meses. Hasta ahora. La Consejería de Sanidad finalmente ha presentado un escrito en todos los tribunales afectados en el que confirma que da por finalizado el concurso con el que pretendía ceder la gestión de seis hospitales a tres empresas.

La Consejería de Sanidad ha confirmado hoy que el escrito se ha enviado a todos los juzgados de lo contencioso-administrativo en los que había causas contra el procedimiento de contratación. Hasta ahora, las resoluciones en las que Sanidad convocaba el concurso y lo resolvía a favor de las tres empresas ganadoras --Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo-- seguían plenamente vigentes. Un portavoz de la Consejería confirma también la paralización administrativa del proceso, que implica la notificación a las concesionarias. Según ha indicado, las resoluciones correspondientes ya están firmadas. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid aún no ha publicado ningún anuncio al respecto.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Javier Maldonado, afirma que "se entiende que ya no trae causa el recurso contencioso-administrativo interpuesto [...] toda vez que se ha desaparecido su objeto, al darse por finalizado el procedimiento de contratación referenciado". Uno de los abogados de AFEM, José Luis Muga, explica que las partes tienen ahora cinco días para alegar si están de acuerdo o no con la petición de archivo. Cuando se pronuncien, los juzgados previsiblemente acordarán archivar las causas.

El nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, había dado a entender en sus declaraciones públicas que el proceso judicial iba a continuar pese a la decisión política de renunciar al plan privatizador. "La externalización no va a seguir", con independencia de lo que decidan los juzgados sobre el fondo del asunto, aseguró. Finalmente los tribunales no verán los casos, lo que significa que no estudiarán si las irregularidades denunciadas por organizaciones como AFEM o el sindicato médico AMYTS se produjeron o no.

Pese a que la decisión de retirar la privatización fue política, lo que la precipitó fue el enésimo revés judicial al plan que incluía el paso a manos privadas de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000 trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de sus problemas de salud a 1,2 millones de madrileños. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó en enero pasado mantener la suspensión cautelar que pesaba sobre el proceso desde septiembre.

Horas después, González claudicaba definitivamente tras meses de incertidumbre, sin querer reconocer el nuevo fiasco tras el reciente de Eurovegas, y a cuatro meses de las elecciones europeas y a menos de año y medio de las autonómicas y municipales de 2015.

El plan privatizador llevaba suspendido cautelarmente desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional.

Un “inusual” --así lo describieron fuentes jurídicas-- movimiento dentro del TSJM dio un vuelco al proceso poco después. El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió elevar todos los asuntos relacionados con la privatización (siete recursos presentados por diferentes colectivos) al pleno de la Sala, bajo su presidencia. Fue una jugada que los socialistas intentaron parar recusando a Martínez Tristán por sus vínculos con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid y entonces estaba pendiente de los votos conservadores para entrar en el Consejo General del Poder Judicial—, pero que finalmente echaron atrás el medio centenar de magistrados del pleno, que acordaron devolver los asuntos a sus juzgados de origen. La sección tercera, como era previsible, no se contradijo a sí misma, y se ratificó en la suspensión cautelar.

Con el plan privatizador retirado, seguían quedando flecos y dudas por resolver. Los seis hospitales llegaron a adjudicarse en concurso público a tres empresas. No hubo competencia real entre ellas —a cada una le interesaron centros distintos— y no rebajaron el precio inicialmente ofrecido por el Gobierno de González, cuestiones sobre las que alertó un informe de la Comisión Nacional de la Competencia en septiembre pasado. Una de las incógnitas era si las empresas pedirán algún tipo de compensación por los avales que suscribieron. Rodríguez se adelantó a finales de febrero pasado al asegurar que las empresas renunciaban a reclamar gastos. Semanas después, dos de las tres concesionarias llegaron a un acuerdo, aunque el propio consejero reconocía que sí tendría que abonar algún gasto.

"Ahora verdaderamente sí se puede decir que se le ha dado carpetazo a la privatización de la sanidad pública madrileña", ha asegurado a EL PAÍS la portavoz de AFEM, Fátima Brañas. "Es sorprendente que la Consejería de Sanidad haya tardado tanto en zanjar el asunto". Brañas ha recordado que AFEM, la asociación de médicos que ha liderado la marea blanca a favor de la sanidad pública, no se creó a raíz del anuncio de la privatización, el 31 de octubre de 2012, sino varios meses antes, en mayo. "Nuestro objetivo ha sido luchar por mejorar la sanidad pública. Esperamos poder empezar a hacerlo ahora", ha señalado.