El pleno reprueba a Maroto por mentir en el contrato de alquiler de San Antonio
El dictamen de conclusiones de la comisión de investigación se envía al Tribunal de Cuentas de España
El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha reprobado este jueves al alcalde, Javier Maroto, por su gestión en el contrato de alquiler en la calle San Antonio de unos locales para albergar oficinas municipales que fue firmado en 2007, cuando era concejal de Hacienda. Los grupos de la oposición han aprobado una moción de reprobación por considerar que en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento por este asunto "se ha demostrado" que Maroto "ha mentido reiteradamente en relación al contrato de alquiler" y que "no ha defendido el interés general" de Vitoria.
PNV, PSE y Bildu han unido sus votos para sacar adelante la reprobación -a la que se ha opuesto el PP-, en la que se critica el "blindaje" del alquiler durante veinte años y en la que se afirma que el comportamiento del alcalde ha sido "opuesto a la debida transparencia".
El pleno también ha aprobado, a instancias del PNV, trasladar el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación al Tribunal de Cuentas de España, que es el competente en esta materia. El citado dictamen ha sido aprobado, al igual que lo fue en la comisión, con la oposición del grupo popular, el respaldo de nacionalistas y socialistas y la abstención de la coalición soberanista, que entiende que el texto "se queda corto".
Fuentes de Bildu han informado a Efe que, como su propuesta de poner este asunto en conocimiento de la Fiscalía no ha salido adelante (ya fue rechazada en la comisión), será el propio grupo político el que reúna la documentación y se la transmita al Fiscal Jefe de Álava, Josu Izaguirre.
Bildu anuncia que llevará la documentación al fiscal de Álava
El alquiler de los locales de la calle San Antonio se firmó en 2007 cuando el popular Alfonso Alonso -cuya dimisión también ha pedido la comisión- por un periodo de 20 años y supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local. El alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de 9 puntos por encima del IPC. Además, el consistorio fue quien sufragó las obras de acondicionamiento (1,2 millones).
El pasado noviembre Maroto renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30 %, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación. Sin embargo, la comisión de investigación consideró que al alcalde había negociado con el propietario al crearse este grupo de investigación.
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